Tal y como han informado fuentes judiciales, entre las medidas pedidas por Palmaghini se encuentra la revisión de todas las visitas del exauxiliar informático de Nisman, Diego Lagomarsino (único imputado en el caso), a la vivienda del fiscal argentino Alberto Nisman, muerto el pasado 18 de enero de un disparo en la cabeza.
Asimismo, la jueza ha solicitado la identificación de las personas que bajaron en el ascensor principal con Lagomarsino cuando este dejó el edificio de Nisman el pasado 17 de enero, tras entregar al fiscal el arma de la que salió la bala que le provocó la muerte.
Fuentes locales han informado de que el técnico informático pagaba mensualmente unos cinco mil dólares y depositaba 2 mil en una de las cuentas de Nisman.
De la misma manera ha solicitado a Viviana Fein, otra fiscal encargada de investigaciones por el caso Nisman, que compruebe cómo accedió Lagomarsino al edificio de Nisman en visitas previas, si lo hizo a pie o en vehículos, y también si podía ingresar al departamento cuando el fiscal no se encontraba presente.
También ha pedido la constatación de todas las comunicaciones telefónicas, tanto de teléfonos fijos como móviles, desde diciembre de 2014 hasta el 1 de febrero de 2015, y que se cotejen con los que Nisman tenía agendados.
El fiscal Nisman, encargado del caso del atentado en la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA, que dejó el 18 de julio de 1994 85 muertos y más de 300 heridos), acusó a la mandataria de Argentina, Cristina Fernández, y al canciller Héctor Timerman de encubrir evidencias sobre el caso.
Sin embargo, el pasado mes de febrero esta denuncia de Nisman contra el Gobierno de Buenos Aires fue desmentida por el juez de primera instancia Daniel Rafecas, debido a la “inexistencia de delito y de pruebas”.
La muerte de Nisman ha sido utilizada por los opositores del Gobierno argentino y por poderosos grupos de poder y medios de comunicación para tratar de vincular al Ejecutivo con el incidente.
La presidenta Cristina Fernández ha denunciado que la muerte del fiscal del caso AMIA no fue un suicidio, sino una operación contra el Gobierno, y que a Nisman le plantaron pistas falsas para que denunciara al Gobierno.
Nisman estaba acusado de usar fondos públicos y sobre él pesaban acusaciones de mantener estrechos vínculos con los servicios norteamericanos: documentos publicados en 2010 por Wikileaks revelan sus contactos con personal de la embajada de EE.UU. en Buenos Aires (capital argentina).
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