Estados Unidos incluyó el viernes en su lista negra de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) a la aerolínea estatal venezolana, Conviasa, pretextando que la empresa aérea lleva a funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, a Corea del Norte, Cuba e Irán, etc. para “promover su propia agenda política”.
Venezuela denunció en la misma jornada la medida “coercitiva, unilateral y extraterritorial” del país norteamericano y aseguró que esta empresa presta un servicio público, por lo que tachó la iniciática de “inaceptable y grosera agresión”.
“La República Bolivariana de Venezuela rechaza enérgicamente la nueva arremetida del Gobierno de Estados Unidos y su maquinaria imperial en contra del pueblo venezolano, sus instituciones democráticas y sus empresas estatales, específicamente, la ilegal y arbitraria medida dictada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos el día de hoy”, dijo la Vicepresidencia de Economía de Venezuela en un comunicado.
#ComunicadoOficial || Las medidas coercitivas anunciadas por #EstadoUnidos contra el Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos #CONVIASA, afecta a millares de usuarios; sin embargo no torcerán la dignidad de #Venezuela. https://t.co/8BzfvC1bRz pic.twitter.com/48GhCknSQf
— Vicepresidencia Vzla (@ViceVenezuela) February 8, 2020
De acuerdo con el texto, estas agresiones de la Administración de Trump violan las normas internacionales y buscan “asfixiar” al pueblo venezolano.
Por otra parte, Venezuela señaló que EE.UU. pretende obstaculizar su plan 'Vuelta a la Patria', dirigido al retorno de migrantes venezolanos que han decidido regresar a su país por diversas razones. “Esta oprobiosa medida pretende afectar las políticas humanitarias que adelanta el Gobierno Bolivariano de Venezuela”, enfatizó.
Desde que Washington reconoció en enero de 2019 al líder opositor venezolano Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, el mandatario estadounidense, Donald Trump, ha impuesto sanciones contra distintas entidades vinculadas al Ejecutivo de Maduro, además de restringir el comercio de petróleo y oro venezolanos.
Según el Gobierno venezolano, EE.UU. está practicando “terrorismo económico” contra su país para generar descontento entre la población y forzar un golpe de Estado contra Maduro. Las autoridades venezolanas también consideran las medidas económicas de EE.UU., dirigidas particularmente contra la nación bolivariana, como “crimen de lesa humanidad”.
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