Washington apunta al ministro venezolano de Asuntos Exteriores y a la jueza de ese país Carol Padilla con sus nuevas “sanciones”, anunciadas este viernes por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
En un comunicado publicado en la página web del Departamento, el secretario del mismo, Steven Mnuchin, advierte de que su país “no se quedará de brazos cruzados”, sino que “seguirá atacando” al Gobierno de Caracas, al que tacha de “ilegítimo”, incluidos aquellos de sus miembros “que tienen la tarea de dirigir la diplomacia y hacer justicia” en su nombre.
Como consecuencia de las embargos, quedan congelados los activos que esas entidades o sujetos tenían en EE.UU. y, además, los estadounidenses tienen prohibido hacer transacciones financieras con ellos.
Esta nueva medida punitiva de Washington contra el ministro venezolano se suma a las ya impuestas a unos 70 altos funcionarios, ministros, gobernadores y militares del Gobierno del presidente Nicolás Maduro, al que la Casa Blanca considera “ilegítimo” y “poco democrático”.
EE.UU. ha aumentado su presión sobre Caracas mediante sanciones, en su afán por derrocar al presidente legítimo del país, lo que apoya el líder opositor Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional (AN) venezolana —declarada en desacato en 2016—, quien el pasado 23 de enero se autoproclamó “presidente interino” del país.
Desde la autoproclamación de Guaidó, EE.UU. ha impuesto varias rondas de sanciones a Venezuela, que incluyen el bloqueo de fondos en bancos internacionales y las sanciones a empresas que continúen comerciando con el país sudamericano.
Caracas denuncia que Washington busca formar un Gobierno títere en Venezuela con miras a robar los abundantes recursos naturales del país, en especial el petróleo.
Sin embargo, hasta hoy EE.UU. no ha logrado nada gracias al apoyo popular con el que cuenta Maduro, que salió ganador de las elecciones presidenciales de mayo de 2018 con una cifra récord de más del 68 % de los votos.
El jueves, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Arreaza aseguró que las sanciones a responsables gubernamentales “no tienen un efecto real”, mientras que sí afectan a la población.
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