“Venimos a (la prisión de) Ramo Verde para ratificarle a Leopoldo que la ley de amnistía va y que va a ser promulgada”, ha dicho este jueves Luis Florido, militante opositor elegido diputado en las elecciones del domingo.
Venimos a (la prisión de) Ramo Verde para ratificarle a Leopoldo que la ley de amnistía va y que va a ser promulgada", ha dicho Luis Florido, representante opositor.
Florido ha añadido que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no será capaz de rechazar ninguna ley de amnistía que proponga la mayoría de los diputados opositores.
El también legislador electo José Guerra ha indicado que el nuevo Parlamento va a arrancar con la aprobación de una ley de amnistía porque, a su juicio, en una democracia no hay prisioneros por razones políticas.
También Delsa Solórzano, diputada electa por el circuito 1 del estado de Miranda (centro-norte), ha afirmado que la ley de amnistía de presos será promulgada sin importar la opinión del jefe de Estado, pese a que este ha advertido de que la vetará.
En referencia al termino “presos políticos” utilizado por la oposición, las autoridades venezolanas han aclarado que los presos no lo son por motivos políticos —incluido López, hallado violador de los principios de la Carta Magna venezolana—.
López está acusado de conspirar y provocar violencia en las protestas antigubernamentales de 2014 en algunas ciudades venezolanas, especialmente en Caracas (capital), y ello con respaldo extranjero —en particular de Estados Unidos—, con el fin de llevar a cabo un golpe de Estado.
También este jueves, los medios progubernamentales han nombrado a Renzo Prieto y Rosmit Mantilla, dos diputados de la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD), como responsables de los actos violentos de 2014.
Prieto, como añaden los medios, ha sido vinculado directamente con Lorent Gómez Saleh, delincuente miembro de la oposición que mantenía una estrecha relación con el expresidente de Colombia Álvaro Uribe.
Las violentas manifestaciones acabaron con la vida de al menos 43 personas y dejaron centenares de heridos, además de causar considerables daños a edificios gubernamentales.
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