Según los denunciantes, los acuerdos canaleros establecen que dicho territorio debe destinarse al mayor uso social posible.
La lucha en defensa de la soberanía de los territorios de la exzona del Canal de Panamá no ha terminado. Así lo aseguran estos panameños que denuncian al Gobierno por la venta, a su juicio, ilegal de edificaciones y tierras dentro de las áreas revertidas.
En los últimos 10 años, la venta de unas 90 mil hectáreas solo ha representado 260 millones de dólares al fisco, cifra insignificante según advierten los manifestantes que se congregaron afuera de la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR).
Tras la protesta fueron recibidos por un funcionario a quien explicaron las violaciones en que estarían incurriendo al vender indiscriminadamente edificios históricos y tierras tanto de áreas protegidas como de la zona de amortiguamiento del Canal.
Las organizaciones advirtieron que realizarán una gran Asamblea Ciudadana para decidir las acciones legales y de calle a seguir para detener la venta del patrimonio nacional.
Claudia Figueroa, Ciudad de Panamá.
smd/nal