La Comisión de Constitución aprobó un dictamen para modificar el artículo 89 del Reglamento del Parlamento, permitiendo suspender a altos funcionarios, como fiscales supremos, con solo 50 votos. Este cambio se suma a las denuncias constitucionales contra figuras como Delia Espinoza, Pablo Sánchez, Juan Villena y Zoraida Ávalos. La iniciativa, respaldada por varias bancadas, aún no llega al Pleno.
El Congreso impulsa una reforma que permitiría suspender a fiscales supremos con mayoría simple. Aún sin debatirse en el Pleno, la medida ampliaría el poder del Parlamento sobre el sistema de justicia, generando preocupaciones sobre su impacto en la independencia judicial.
Hoy el Congreso solo puede suspender a un parlamentario tras el levantamiento del antejuicio. Con la reforma, tendría facultades para suspender discrecionalmente a ministros, jueces, entre otras autoridades.
En 2024, el Congreso impulsó más de diez proyectos de ley orientados a restringir las atribuciones de los jueces, someterlos a control político e imponer sanciones polémicas.
En 2023, el Congreso inhabilitó a la fiscal Zoraida Ávalos y a otros 2 magistrados, pero todos regresaron con amparos. Este fue otro intento de controlar el sistema judicial.
Aarón Rodríguez, Lima
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