La primera, que solo falta ser ratificada por el Ejecutivo y es conocida como la “ley anti-ONG”, restringe el financiamiento de organizaciones civiles, impidiendo que reciban fondos para causas que el Estado considere contrarias al orden público. Esto afectará a las ONG que defienden derechos humanos o denuncien corrupción.
La segunda, llamada “ley de difamación” y que aún es un proyecto de ley, endurece las penas contra periodistas, criminalizando denuncias sobre actos ilícitos de autoridades.
Diversos sectores advierten que estas normas erosionan la democracia y facilitan la persecución política.
El Congreso peruano aprobó una ley que limita el financiamiento de ONG, afectando su labor fiscalizadora. Además, endureció penas por difamación, lo que podría intimidar a la prensa. Expertos advierten que ambas normas debilitan la transparencia y la libertad de expresión.
La nueva ley impide que las ONG financien denuncias contra el Estado, dejando a las víctimas de violaciones de derechos humanos sin defensa.
Por otra parte, el Congreso impulsa una ley que endurece penas por difamación y censura investigaciones sobre corrupción.
La última encuesta de percepción ciudadana revela que la desaprobación del Congreso peruano ha alcanzado el 89%, consolidándolo como una de las instituciones con menor credibilidad en el país.
Aarón Rodríguez; Lima.
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