Esta denuncia surge como respuesta a los 49 civiles asesinados durante las protestas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, un período marcado por una brutal represión policial y militar.
El Ministerio Público acusa a Boluarte y a sus colaboradores de homicidio calificado. A pesar de las pruebas y testimonios que han demostrado el uso excesivo de la fuerza y que las órdenes fueron emanadas desde el Ejecutivo, el gobierno continúa justificando estas acciones como medidas necesarias para mantener el orden público.
Es más, el Congreso, aliado del Ejecutivo, podría obstaculizar el avance de la denuncia contra la presidenta, lo que perjudicaría el proceso judicial.
Por su parte, el Ejecutivo mostró su total apoyo a la presidenta y afirmó que la Constitución protege su cargo de acusaciones en determinadas circunstancias.
Poco antes de que se presentara la nueva denuncia contra Dina Boluarte, la Fiscalía archivó la investigación que se seguía en contra de la mandataria por el delito de genocidio al no hallar elementos suficientes que sustenten la acusación.
Aarón Rodríguez, Lima.
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