Agentes de la OIC, respaldados por la orden de arresto emitida esta semana, accedieron el viernes al domicilio de Yoon, quien permanece recluido desde que fue suspendido por la Asamblea Nacional. Sin embargo, soldados asignados a su seguridad personal bloquearon la intervención, provocando un choque directo con los investigadores.
Un funcionario del Estado Mayor Conjunto confirmó que la situación derivó en una “confrontación” en la residencia presidencial, mientras que los guardaespaldas del dirigente aseguraron estar en negociaciones con la OIC.
Ante la escalada de tensiones y temores por la seguridad del personal, la oficina anticorrupción decidió detener la operación al considerar que el arresto era “imposible en la práctica”.
El líder conservador, acusado de declarar ilegalmente la ley marcial el pasado 3 de diciembre, enfrenta cargos graves, entre ellos insurrección, que podrían derivar en cadena perpetua o incluso la pena de muerte. Su suspensión se encuentra actualmente bajo revisión del Tribunal Constitucional, lo que podría sellar su destitución definitiva.
Desde su encierro, Yoon ha manifestado una férrea oposición a las autoridades judiciales y ha prometido combatir las acciones que considera “ilegítimas”. Uno de sus abogados, Yoon Kap-keun, calificó la orden de arresto como “ilegal e inválida” y advirtió sobre la posibilidad de tomar medidas legales contra su ejecución.
En un contexto de polarización política, esta confrontación podría marcar un punto de inflexión en la historia de Corea del Sur, ya que Yoon Suk Yeol podría convertirse en el primer presidente en ser arrestado mientras ocupa el cargo.
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