Después de pasar 14 años en el penal Barbadillo, el expresidente de Perú fue excarcelado por decisión del Tribunal Constitucional, pese a la oposición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que había instado al Estado peruano a acatar la orden de no sacarlo de prisión.
Al respecto, diversos organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch (HRW), entre otros, se pronunciaron en contra de su liberación, considerando esta medida como una violación al derecho internacional y un grave desconocimiento de las obligaciones internacionales del Estado de Perú para combatir la impunidad y garantizar los derechos de las víctimas.
El rechazo a la liberación de Alberto Fujimori es compartido tanto por el pueblo peruano como por organismos internacionales. La excarcelación del expresidente ha suscitado una intensa indignación, ya que se percibe como una afrenta a la memoria de las víctimas y sus familias, además de representar un riesgoso menoscabo a los principios fundamentales de los derechos humanos.
Una gran parte de la población peruana ha rechazado la orden del Tribunal Constitucional de dejar en libertad a Fujimori porque considera que este organismo está vinculado a casos de corrupción.
La liberación de Fujimori tendría solo fines políticos, pues su excarcelación podría ser utilizada estratégicamente para influir en las próximas elecciones presidenciales del 2026.
Tras la liberación de Alberto Fujimori, la Procuraduría General del Estado (PGE) de Perú, alertó que la deuda de reparación civil del expresidente asciende a más de 210 mil dólares por tres casos de corrupción.
Aarón Rodríguez, Lima.
kmd/tqi
