“Yo no creo que va a pasar, pero sería un golpe de Estado”, contestó Kuczynski al entrevistador del popular diario local Trome que preguntaba sobre la posibilidad de que el Congreso lograse los 87 votos que definirían la salida del mandatario del poder antes de culminar su mandato en 2021.
De acuerdo con el jefe de Estado, el Congreso no tiene motivos reales para sacarlo de la Presidencia por incapacidad moral permanente ya que la vacancia está contemplada en la Constitución para casos muy específicos, como enfermedades de Alzheimer o viajes fuera del país sin permiso del órgano legislativo.
“Yo no he hecho absolutamente nada ilegal. De lo que me acusan son cosas que ocurrieron hace doce, quince años atrás y que nada tienen que ver con mi gobierno. Mi gobierno es absolutamente limpio”, enfatizó.
Sin embargo, Kuczynski admitió haber ganado 380.000 dólares por utilidades de su consultora Westfield Capital, fundada en Estados Unidos, con la que facturó 782.000 dólares a la constructora brasileña Odebrecht entre 2004 y 2007, mientras era ministro en el Gobierno del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006). Un asunto ha sido señalado como motivo de la moción de vacancia.
Yo no creo que va a pasar, pero sería un golpe de Estado”, contestó el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, sobre la posibilidad de que prospere la moción parlamentaria en cuanto a su destitución.
PPK, como es conocido en Perú, también dijo que el opositor partido fujimorista Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, a quien le ganó las elecciones presidenciales de 2016, ha buscado sacarlo del cargo desde el principio.
Sin embargo, el gobernante anticipó que para la votación de la moción de destitución de este jueves, solicitada por dos grupos políticos de oposición, volverá a contar con el apoyo de Kenji Fujimori, hermano menor de Keiko, —ambos hijos del expresidente Alberto Fujimori— como ya ocurrió en el primer intento de destitución el pasado diciembre.
Tres días después de salvarse de la destitución, Kuczynski indultó al exmandatario Fujimori y le eximió de la condena de 25 años de prisión que cumplía por delitos de lesa humanidad, como se lo había pedido Kenji, lo que dio lugar a protestas y acusaciones de haber otorgado el indulto para ganar apoyo en el Congreso.
Además de la moción legislativa, PPK enfrenta una impopularidad en aumento y la indignación social en las calles por sus programas de gobierno.
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