Según comunicó el jueves Muayad Shaban, jefe de la Comisión Palestina de Resistencia al Muro y los Asentamientos, el ejército del régimen de Tel Aviv ha emitido alrededor de 500 avisos de demolición en Cisjordania a ciudadanos palestinos en el marco de su política de anexión gradual.
Desde el principio del año en curso, el ejército israelí ha destruido 376 edificios de los palestinos, incluidas viviendas y propiedades en Cisjordania y Al-Quds (Jerusalén) ocupadas.
Entretanto, el coordinador del Comité de Resistencia Popular contra el muro de separación (muro del apartheid), Salah al-Jawaya, afirmó que Israel había construido unas 16 000 unidades residenciales desde principios de este año, como parte de su plan para apoderarse de grandes áreas de Cisjordania y anexarlas a los territorios ocupados.
Además, denunció que la operación de destrucción de viviendas de los palestinos se ha duplicado en comparación con el año pasado, y su propósito es evacuar las áreas del valle del Jordán y alrededor de los asentamientos sionistas y algunas áreas del norte y el centro de la Cisjordania para evitar la formación de un Estado palestino independiente, desde el punto de vista geográfico.
Israel, debido al apoyo de EE.UU., sigue expandiéndose en los territorios palestinos a un ritmo bastante acelerado, desoyendo las alertas a nivel mundial que le exigen que ponga fin a la judaización de las tierras palestinas, así como a la demolición de viviendas y el desplazamiento de civiles palestinos.
De hecho, el régimen israelí pretende, entre otros, expulsar a los palestinos de su patria y llevar a cabo la limpieza étnica en los territorios ocupados de Palestina, pese a críticas tanto de este pueblo como otras naciones y organizaciones internacionales.
El expansionismo del régimen sionista se desarrolla, mientras que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU) condenó el 20 de febrero, en una declaración oficial, el plan del régimen para expandir los asentamientos en las tierras palestinas ocupadas; una medida que tuvo lugar después de seis años desde la última resolución del organismo.
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