La denuncia presentada el miércoles gira en torno a la “política prolongada y continua” del régimen israelí de privar ilegalmente a los civiles palestinos de sus propiedades, tanto para la construcción de sus asentamientos ilegales como el uso en “circunstancias no justificadas por necesidad militar”, informa el portal Middle East Eye (MEE).
La denuncia pide al fiscal de la CPI que incluya los casos de la confiscación de las propiedades palestinas que ha presentado y tiene la intención de presentar como parte de la investigación formal que se abrió el 3 de marzo de 2021 sobre “los crímenes de guerra” cometidos por Israel en Cisjordania ocupada, incluida la ocupada Al-Quds (Jerusalén), y la Franja de Gaza.
“La evidencia disponible para respaldar las denuncias de delitos relacionados con la propiedad perpetrados por las autoridades israelíes es amplia, creíble y clara. El hecho de que se haya permitido que esto continúe como una política aceptada para la expansión ilegal de Israel es alucinante”, aseveró Tayab Ali, director del CIJP.
En la denuncia se critica “la práctica sistemática y de larga data de Israel de confiscar u ocupar territorio palestino, que aumenta gradualmente con el tiempo”.
Critican a Europa y EEUU por su apoyo a Israel
“El silencio y el apoyo de los países de la Unión Europea, así como del Reino Unido y Estados Unidos, equivale a complicidad en estos crímenes”, agregó.
Pese a las advertencias de las organizaciones internacionales, Israel sigue expandiendo los asentamientos ilegales mediante la confiscación de las tierras y la demolición de las viviendas y estructuras palestinas.
Un nuevo informe, publicado en junio por el Centro de Investigación de Tierras de Palestina (LRC, por sus siglas en inglés) reveló que, durante 2021, las autoridades israelíes confiscaron más de 25 000 dunams de tierras de propiedad palestina y arrancaron 17 755 árboles en la Cisjordania ocupada.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU) ha condenado las actividades de asentamiento de Israel en varias resoluciones, y advertido que edificar colonias en zonas ocupadas son “ilegales” según el derecho internacional.
Las autoridades palestinas exigen que el régimen de Tel Aviv sea juzgado por sus crímenes de guerra o contra la humanidad, así como por la expulsión de la población palestina en los territorios ocupados, la apropiación ilegal de sus tierras, la demolición de sus casas y las detenciones arbitrarias.
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