El hecho de que Israel va a celebrar elecciones anticipadas “no es de mi incumbencia (…) No es algo que me afecte”, anunció el jueves el fiscal general Avichai Mandelblit a la televisión israelí.
Así, Mandelblit reaccionó a una carta que recibió el miércoles de un abogado del primer ministro israelí, en la que le pidió al fiscal general que retrase la decisión sobre el procesamiento de Benjamín Netanyahu por cargos de corrupción para después de las elecciones legislativas anticipadas para el próximo 9 de abril.
El fiscal general dejó claro que no va a detener este proceso por la petición del primer ministro. “Tengo que hacer mi trabajo lo más rápido posible, aunque, por supuesto, sin poner en riesgo la minuciosidad y el profesionalismo”, enfatizó Mandelblit.
Tengo que hacer mi trabajo lo más rápido posible, aunque, por supuesto, sin poner en riesgo la minuciosidad y el profesionalismo”, dice el fiscal general israelí Avichai Mandelblit, rechazando la solicitud del premier Benjamín Netanyahu para demorar la decisión sobre su procesamiento.
Además, en una nota emitida el mismo jueves, Mandelblit explicó que los fiscales y jueces están llevando a cabo las deliberaciones finales previas a citar al premier israelí para una audiencia antes de los comicios —convocatoria que es un requisito para su procesamiento— y seguirán su labor al respecto sin interrupciones.
Netanyahu, que decidió convocar elecciones anticipadas para evitar ser procesado en varias causas de corrupción, está siendo investigado por su supuesta implicación en sobornos, fraudes y abusos de confianza en las causas, conocidas como “caso 1000”, “caso 2000”, “caso 3000” y “caso 4000”.
Conforme a una encuesta difundida el martes por Channel 10 News, 48 % de los residentes en los territorios ocupados palestinos cree que Netanyahu no sería reelegido como primer ministro de Israel en caso de que se confirmen las acusaciones de corrupción en su contra.
Netanyahu no es el único funcionario israelí sujeto a investigaciones por supuestos cargos de corrupción, pues su esposa Sara también es acusada de malversación de fondos públicos, mientras varias otras autoridades, como el ministro del interior, Arie Deri, es investigado por fraude.
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