Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) la producción industrial tuvo una descenso del 8% en octubre con respecto al mismo mes del 2015. En detalle la baja fue: Textil 26,7%, Automotriz 19,1% y la Construcción, que en los últimos 11 meses registró el cierre de 432 empresas, cayó 19,2%. Por otro lado, el dólar alcanzó los 16,11 pesos en su última cotización contra 9,50 que costaba el 10 de diciembre pasado, cuando Macri se sentó en el sillón presidencial.
Los números no le ayudan, pero la alianza de derecha que gobierna Argentina continúa recibiendo una importante cobertura blindada de los grandes medios de comunicación, con el Grupo Clarín a la cabeza. Una protección que difícilmente pueda perdurar para evitar un escenario como finales del 2001, con la gente en las calles protagonizando un estallido con respuesta represiva. Aunque previsor, el Poder Ejecutivo acordó con los movimientos sociales y la central de trabajadores declarar la Emergencia Social por tres años (que coinciden con el final del mandato constitucional). Una disposición que deberá ser aprobada en el Congreso, pero que muchos dudan Macri logre cumplir, más por convicción que por practicidad. Antecedentes: el veto que realizó a la Ley Antidespidos, que buscaba frenar el creciente desempleo, y que el presidente trastocó por la firma de un “compromiso” con los grandes empresarios, de no despedir trabajadores, y que tuvo tanta importancia como la hoja sin membrete oficial donde se rubricó.
Frente a la frágil situación en la que millones de argentinos caen bajo los niveles de pobreza, el autismo gobernante insiste como un escuadrón suicida. Este miércoles se publicó en el Boletín Oficial un decreto de Macri que permite el blanqueo de dinero no declarado o fugado del país (se calculan en 400 mil millones de dólares los bienes de argentinos en el exterior), a familiares de funcionarios. En una grave violación de la más reciente norma exteriorización de capitales, aprobada por el Parlamento, la medida decretada significa un salvavidas con nombre y apellido de uno de los mayores empresarios locales que aparecieron en la denuncia internacional conocida como Panamá Papers: Franco Macri, padre del Jefe de Estado.
Mientras se beneficia a parientes, amigos y socios, en el contexto de destrucción de puestos de trabajo y mercado interno, aumento del endeudamiento externo a niveles históricos, el Centro de Economía Política (Cepa) estableció que las próximas fiestas serán amargas para la mayoría de la población. Según el informe del Cepa “en relación al 2015, el costo de una cena navideña para una familia tipo se incrementó 67,7% en 2016. Una cena de 5 o 6 personas cuesta a los hogares de nuestro país un mínimo de $819 mientras que en 2015 el costo ascendía a $488. Una cena con asado aumentó 78% y la típica mesa dulce se incrementó 41%. Aunque algunos productos tradicionales como la garrapiñada y el turrón aumentaron más de un 60%”. De acuerdo a estas cifras “el 30% de los hogares necesitaría destinar más de un 9% de su ingreso mensual total familiar en una sola cena de fin de año o navidad”.
La “pesada herencia” del populismo antes, el triunfo de Trump ahora, excusas para justificar el descalabro económico que llevó a la República Argentina a la recesión este año, se agotaron. Cuando recibieron un país con bajísimo nivel de deuda, 5,6% de desocupados (hoy este dato supera los dos dígitos) y un crecimiento del 2,4% como publicó el actual Indec, las expectativas de un futuro promisorio que plantea Macri se diluyen en acciones que auguran un 2017 peor.
Con los reiterados pedidos de libertad por los presos políticos como la diputada del Parlasur Milagro Sala y media docena de compañeros de su organización política, el frente internacional comienza a ser otro factor que complica más su imagen ante el mundo. La ONU, OEA, diversos mandatarios extranjeros, Amnesty Internacional, Humans Rigths, y otras Ong señalan la violación de elementales derechos humanos.
Por ahora queda esperar que acabe este año sin reacciones populares explosivas y la violenta reacción gubernamental que ya registra varios hechos represivos ante protestas de trabajadores. Pero esto también parece no preocuparle a Mauricio Macri y los suyos. “No les importa que se prenda fuego la Argentina, es más hacen negocios si se prende fuego el país”, denunció el lesgilador Gustavo Vera que mantiene un fuerte vínculo con el Papa Francisco.
Y sí, no les interesa. Al establishment criollo lo tiene sin cuidado si el país se hunde, sus intereses están a resguardo bajo una administración que sus principales gerentes integran. Eso se ve en la historia argentina, incluso la más contemporánea. Siempre salieron indemnes y ninguna barriada popular tiene en su composición empresarios quebrados.
Sin embargo, con este escenario, la caída del gobierno no sería la peor solución para el poder real, en lugar de continuar así, en esta debacle, hasta el 2019.
Escrito por Diego M. Vidal
