Según Mohamad al-Wosta, abogado de Al-Jawaya, los cargos que pesan sobre su cliente en este caso son haber entrado en una “zona prohibida” de la cárcel de Jaw, situada en la capitalina ciudad de Manama, y haber discutido con un policía.
El régimen de Al Jalifa mantiene encarcelados a casi 4000 activistas políticos bajo diferentes cargos; en realidad, como “represalia” contra sus opositores, según el también encarcelado presidente del Centro de Derechos Humanos de Baréin, Nabil Rayab.
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