El Gobierno de EE.UU. comenzó a sancionar a funcionarios nicaragüenses, a quienes señala de reprimir a manifestantes que participan en las marchas y plantones en contra del gobierno. Esa acción es vista por algunos como una medida necesaria de presión y otros consideran que la Administración de Donald Trump se está entrometiendo en conflictos que no le competen.
El argumento es que con esa medida se castigaría a representantes de la Policía, del Ministerio de Salud, alcaldías y delegados de Poderes del Estado a quienes señalan de reprimir las manifestaciones.
Para el excanciller nicaragüense, Francisco Aguirre Sacasa, esa decisión refleja el deterioro de la relación entre la Administración de Donald Trump y el Gobierno de Daniel Ortega.
El secretario internacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Jacinto Suárez, califica la acción del retiro de visas por parte de Estados Unidos como injerencia a los asuntos internos de Nicaragua.
Otros diputados sandinistas aseguran que Nicaragua deberá resolver su problemática socio política por la vía del diálogo.
La embajada de Estados Unidos en Nicaragua también solicitó la devolución de patrullas donadas a la Policía Nacional, las que según los representantes del Gobierno de Donald Trump, fueron utilizadas para reprimir a los manifestantes. Sin embargo, la Policía rechazó esos señalamientos.
Aunque el Departamento de Estado estadounidense comunicó la cancelación de visas a funcionarios nicaragüenses, el Gobierno de Donald Trump no ha hecho público los nombres de los sancionados.
Moisés Mercado, Managua.
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