La citada ley “podría dar una vuelta de página en relación con la grave situación que el país enfrenta en esta materia, e iniciar un camino hacia la verdad, la justicia y la reparación para las miles de víctimas”, aseguró el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU en un comunicado emitido desde su sede en Ginebra (Suiza).
Para lograr resultados efectivos, advierte, es necesario “poner todos los esfuerzos y recursos en su implementación efectiva, de manera de que impacte en la realidad, especialmente en las necesidades de las víctimas”.
Los especialistas de la ONU consideran primordial dar garantías de una búsqueda eficaz e inmediata de las miles de personas desaparecidas y alertan de que, “si no se avanza en la lucha contra la impunidad, será imposible detener este flagelo”.
La citada ley “podría dar una vuelta de página en relación con la grave situación que el país enfrenta en esta materia, e iniciar un camino hacia la verdad, la justicia y la reparación para las miles de víctimas”, dice el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU en relación con México.
El año 2017 cerró con las peores cifras oficiales de personas desparecidas en una década, más de 33 000, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El Grupo celebra la apertura de las autoridades “para garantizar la participación de las familias de personas desaparecidas, así como otras organizaciones de la sociedad civil, en el proceso legislativo” que condujo a la aprobación de esa ley, y lo recomendó como ejemplo para otros países con problemas similares.
A principios de año, el Gobierno mexicano abrió una investigación contra 123 agentes por su relación con la desaparición de tres jóvenes en Guerrero, estado sureño donde ocurrió en septiembre de 2014 el caso más sonado de desapariciones, el de 43 normalistas, cuyo paradero se desconoce hasta ahora.
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