Puigdemont, perseguido por la Justicia de España desde el año 2017, fue detenido el jueves por las autoridades italianas al llegar a Alguer, municipio de la isla de Cerdeña, según han informado este viernes los medios españoles.
“El presidente Puigdemont ha sido detenido a su llegada a Cerdeña donde acudía como eurodiputado; esta detención es en función de la euroorden del 14 de octubre de 2019 que, por imperativo legal, según establece el Estatuto del TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea), se encuentra suspendida”, ha confirmado el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, mediante un mensaje emitido en Twitter.
Asimismo, en una entrevista con el canal local TV3, Boye advirtió de que “si España ha engañado al Tribunal General de la Unión Europea” con la orden europea contra su cliente, tendrá que afrontar las consecuencias.
Según detallan los informes, el expresidente catalán tenía previsto participar en un acto en Alguer junto a la consejera catalana de Exteriores, Victòria Alsina, y la presidenta del Parlamento de Cataluña, Laura Borràs.
Ampli ressò internacional de la detenció de Puigdemont https://t.co/eGiLh683Fw
— ElNacional.cat (@elnacionalcat) September 23, 2021
La primera vez que detuvieron a Puigdemont, fue en marzo de 2018 cuando pasaba en coche por Alemania. Lo encarcelaron 12 días en Neumünster, pero resultó que el tribunal alemán Schlewig-Holstein rechazó su entrega a España.
En 2017, el entonces presidente catalán intentó declarar la independencia de Cataluña de España y decidió celebrar un referéndum en Barcelona, la capital de dicha comunidad autónoma, pero el Senado español invocó el artículo 155 de la Constitución, tras lo cual se procedió a la destitución de Puigdemont y de su ejecutivo.
Luego, el Gobierno español impuso el dominio directo sobre Barcelona, mientras que Puigdemont y otros altos funcionarios del entonces gobierno catalán huyeron a Bélgica. A este respecto, en 2019, nueve dirigentes, entre ellos varios compañeros de gobierno de Puigdemont, fueron sentenciados a penas de entre 9 y 13 años de prisión por sedición.
Pese a los intentos infructuosos de los líderes catalanes por dialogar acerca de su status con el Gobierno central, Cataluña sigue con su sueño y no renuncia a su anhelada independencia.
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