Abogados allegados al Ministerio Público aglutinados en la autodenominada fundación contra el terrorismo y otros partidos políticos y sectores conservadores han interpuesto innumerables recursos para detener la segunda vuelta electoral cuya realización ya fue protegida por la Corte de Constitucionalidad, el fin es no ceder el poder al que tienen acceso las gremiales y estructuras paralelas de poder.
Y es que de acuerdo a analistas hay al menos dos frentes que paralelo al proceso democrático de las elecciones libran una batalla sin precedentes para mantenerse en el poder o hacerse del él, en el primer caso está el que reconocen organismos como la Unión Europea (UE), la Organización de Estados Americanos (OEA) y las más importantes embajadas acreditadas en el país.
La campaña negra ha recrudecido al igual que las manifestaciones ciudadanas contra el denominado pacto de corruptos, sobre todo en contra de la fiscal general del Ministerio Público, (MP), el fiscal especial contra la impunidad y el juez que ha girado ordenes en contra de quien se interponga en la misión de impedir que el partido semilla llegue a la segunda vuelta electoral.
Los embates en contra del partido semilla no tienen precedente, tampoco lo tiene la crisis política que atraviesa Guatemala.
De último momento trasciende que el juez que ordenó la suspensión del partido semilla, recién ordenó lo conducente en contra del registrador de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral en una acción que es considerada ilegítima e ilegal.
Miguel Salay, Ciudad de Guatemala.
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