“Al recibir al primer ministro israelí Netanyahu, buscado por la CPI para enfrentar cargos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, Estados Unidos está mostrando desprecio por la justicia internacional”, ha denunciado este martes, subrayando que la Administración Biden (predecesor del actual presidente de EE.UU., Donald Trump) también hizo caso omiso de cualquier esfuerzo por lograr justicia internacional para Palestina.
Tras arremeter contra Trump por no arrestar a Netanyahu ni someterlo a investigaciones estadounidenses, el organismo ha recalcado que Estados Unidos tiene la clara obligación, en virtud de las Convenciones de Ginebra, de buscar y juzgar o extraditar a las personas acusadas de haber cometido u ordenado la comisión de crímenes de guerra. “No debe haber ningún refugio seguro para las personas acusadas de haber cometido crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad”, ha agregado.
Amnistía ha matizado que el país norteamericano sigue violando la obligación de prevenir el genocidio mientras sabe que sus armas se utilizan como parte de la ofensiva militar de Israel en Gaza.
The US has been consistently provided with evidence that US-origin weapons contributed to war crimes, and the US continues to violate the obligation to prevent genocide knowing that its weapons are used as part of Israel's military offensive in Gaza.
— Amnesty International (@amnesty) February 4, 2025
“Cumplir con las órdenes de arresto de la CPI y buscar la rendición de cuentas en los tribunales nacionales es crucial para llevar ante la justicia a los responsables del genocidio de Israel en Gaza y la continua desposesión y opresión de los palestinos bajo la ocupación ilegal y el sistema de apartheid de Israel”, ha demandado.
Después de casi 185 días de la guerra indiscriminada de Israel contra la asediada Franja de Gaza, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió el 21 de noviembre órdenes de arresto contra Netanyahu y el exministro de asuntos militares de Israel, Yoav Gallant, por ser “responsables criminales” de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad durante el ataque sangriento contra el territorio costero.
Los 125 Estados que firmaron el Estatuto de Roma, tratado creado por la Corte, tienen la obligación de detener a las personas buscadas y entregarlas a la CPI en La Haya. Ni Estados Unidos ni Israel son signatarios del Estatuto de Roma, lo que los coloca fuera de su jurisdicción.
En 2002, pocas semanas después de la creación de la CPI, Estados Unidos aprobó la Ley de Protección de los Miembros del Servicio de Estados Unidos, que más tarde se conoció como La Ley de Invasión de La Haya.
La ley autorizaba al presidente de Estados Unidos a utilizar “todos los medios necesarios y apropiados” para liberar a miembros del ejército estadounidense y a “personas aliadas cubiertas” que fueran detenidas o encarceladas “por, en nombre de, o a solicitud” de la CPI.
Las “personas cubiertas” incluyen a todos los ciudadanos estadounidenses que actúan en nombre del gobierno de Estados Unidos y a cualquier individuo que actúe para algún gobierno aliado, como los estados miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y “grandes aliados no miembros de la OTAN” como Australia, Egipto, Israel, Japón, Jordania, Argentina, la República de Corea y Nueva Zelanda.
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