Si bien las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) reafirman su voluntad de concluir las conversaciones de paz en un plazo máximo de seis meses, advierten que “dicho propósito no será viable si el gobierno comienza a cuestionar los acuerdos ya firmados y nos hace retroceder en lo avanzado”, ha señalado este sábado el comandante Carlos Antonio Lozada, un ‘plenipotenciario' de la guerrilla en las negociaciones con el Gobierno de Juan Manuel Santos.
Dicho propósito no será viable si el gobierno comienza a cuestionar los acuerdos ya firmados y nos hace retroceder en lo avanzado”, ha señalado un comandante de las FARC.
El 23 de septiembre en La Habana, la capital de Cuba, en presencia del presidente cubano Raúl Castro, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el máximo líder de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, “Timochenko”, se comprometieron a firmar la paz antes del 23 de marzo de 2016.
Pactaron asimismo el acuerdo sobre justicia —el tema más sensible del proceso de paz— que contempla la creación de un tribunal especial y juicios y penas de cárcel para responsables de crímenes de lesa humanidad, toma de rehenes, ejecuciones extrajudiciales y violencia sexual, pero amnistía para delitos políticos.
La advertencia de la guerrilla surge a raíz de los comentarios por parte del Gobierno en torno al reciente acuerdo de justicia sobre si el punto de las penas a pagarse por los delitos cometidos en el marco del conflicto está cerrado, o por el contrario, sigue en construcción o necesita ajustes.
Para el Gobierno de Bogotá, según declaraciones de su jefe negociador, Humberto De la Calle, es un documento en desarrollo y existen temas a revisar.
“En el texto de 75 puntos hay materias pendientes de reglamentar, como por ejemplo, el alcance concreto de la expresión ‘restricción efectiva de la libertad’ y la relación de la Jurisdicción Especial con los otros componentes esenciales del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición”, precisó De la Calle.
Sin embargo, las FARC que han recibido la orden de “Timochenko” de dedicarse a la formación política y cultural en lugar de la militar, consideran que el acuerdo de justicia es “firme” y “está cerrado”.
Además, la guerrilla también se pronunció sobre las declaraciones de Santos en las que aclaró el viernes dos puntos: uno, acuerdo de justicia no tocará a los exmandatarios y, el otro, las sentencias restrictivas de la libertad se cumplirán en lugares concretos y en condiciones de austeridad.
Sobre el primer punto, el jefe del equipo negociador de las FARC, Iván Márquez, afirmó que el acuerdo de justicia con el Gobierno colombiano no incluye inmunidad especial para nadie y, sobre el segundo, Lozada recordó que en el acuerdo no se menciona concentración de guerrilleros ni de lugares de confinamiento para subversivos que cumplan con el precepto de verdad.
Estos comentarios se realizan mientras el viernes las partes iniciaron el 42º ciclo de sus diálogos que desarrollan desde noviembre de 2012 con el objetivo de poner fin a un conflicto armado que ha dejado, según estimaciones no gubernamentales, casi 5 millones de desplazados y al menos 600.000 muertos.
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