Según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), los enfrentamientos tuvieron lugar en el municipio de Hacarí, en el departamento de Norte de Santander, cerca de la frontera con Venezuela. Se encuentran 250 niños entre los desplazados.
La zona de las hostilidades es estratégica para el cultivo de coca y el narcotráfico. Las ahora extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) la desalojaron luego de firmar el acuerdo de paz de 2016 que permitió que se reincorporaran a la sociedad más 12 000 de sus integrantes, incluidos 6000 combatientes. El acuerdo puso fin a un conflicto que había dejado hasta entonces unos 260 000 muertos.
Sin embargo, la huida de ciudadanos muestra que la violencia continúa en la región a pesar del acuerdo firmado. En el primer semestre de 2018 se desplazó a diario un promedio de 98 personas.
“Las personas siguen albergadas en la antigua sede del colegio San Miguel y algunas donde conocidos y familiares, pero sus condiciones siguen siendo precarias por el hacinamiento y la falta de recursos de la administración municipal para atender la emergencia. La Alcaldía manifiesta que no cuenta con los recursos para dar respuesta integral a la situación humanitaria”, ha informado la OCHA.
Las personas siguen albergadas en la antigua sede del colegio San Miguel y algunas donde conocidos y familiares, pero sus condiciones siguen siendo precarias por el hacinamiento y la falta de recursos de la administración municipal para atender la emergencia. La Alcaldía manifiesta que no cuenta con los recursos para dar respuesta integral a la situación humanitaria”, informa la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).
El Gobierno de Colombia y el ELN reanudaron en marzo pasado sus conversaciones de paz iniciadas en febrero de 2017 en Quito, la capital de Ecuador, a fin de renovar el acuerdo de cese el fuego bilateral.
No obstante, el Gobierno de la República del Ecuador tomó la decisión de poner fin a su participación como garante y anfitrión de los diálogos de paz entre Bogotá y el ELN, debido a la difícil situación que se presentaba en la frontera norte con ese país.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) había advertido anteriormente de que, pese a la presencia de 6000 efectivos de la Policía y el despliegue del Ejército en la zona, “los enfrentamientos han afectado a más de 85 000 personas con graves restricciones de acceso a servicios, bienes básicos y limitaciones a la movilidad”.
jrd/mla/krd/mjs
