El diputado Sérgio Luiz, relator de la CPI, ha informado este lunes que no hallaron "ninguna prueba" que muestre la participación de Rousseff y Lula da Silva en el millonario delito de corrupción destapado en Petrobras.
La comisión, en su informe publicado en el diario local O Globo, ha concluido que Petrobras fue víctima de un "cartel" compuesto por las principales empresas contratistas del país en el que están involucrados algunos funcionarios de la compañía estatal.
Luiz, a su vez, ha puesto en duda que había “corrupción institucionalizada” en Petrobras y ha manifestado que los delitos cometidos en el caso de la empresa estatal tuvieron "motivaciones de naturaleza personal".
Asimismo, ha exculpado del escándalo a los expresidentes de Petrobras Graça Foster y José Sérgio Gabrielli y ha explicado que las investigaciones del pago de sobornos a los partidos políticos fueron "superficiales" y las conclusiones de los investigadores, "exageradas".
Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, acusado de corrupción por supuestamente haber recibido 5 millones de dólares en sobornos como parte de las prácticas ilícitas dentro de Petrobras, ha asegurado este mismo lunes que no renunciará a su cargo.
El 6 de septiembre, la Fiscalía brasileña pidió a la Corte Suprema una autorización para investigar las actividades de los fondos para las campañas de Rousseff durante 2010 y 2014.
El 10 de septiembre, diputados de los cuatro más importantes partidos de la oposición brasileña conformaron un movimiento para impulsar un juicio político contra Rousseff a fin de destituirla por supuesto mal manejo de la crisis política y económica.
Uno de estos opositores fue Cunha que pidió un juicio político contra Rousseff, basado en su supuesta responsabilidad en la trama de sobornos para la concesión de contratos públicos de Petrobras, pero el Tribunal Supremo Federal (TSF) de Brasil paralizó el 13 de octubre la demanda, aduciendo que los pasos a seguir están fijados en la Constitución.
La petición de Cunha recibió el 25 de septiembre la critica de los diputados del Partido de los Trabajadores (PT, oficialista) y del Comunista do Brasil (PCdoB).
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