La solicitud del fiscal general Rodrigo Janot, emitido el sábado, estuvo basado en declaraciones del jefe de la empresa UTC Engenharia, Ricardo Pessoa, quien asegura haber entregado importantes cantidades de dinero que se destinó a la campaña electoral que en 2014 permitió a Rousseff hacerse con la reelección, en la que el ministro de Comunicación Social, Edinho Silva era el tesorero de campaña, según el periódico brasileño O Estado de São Paulo.
Eso es mientras el Tribunal Supremo del país sudamericano, autorizó la puesta en marcha de una investigación contra dos ministros del Gobierno de Rousseff, entre ellos, el jefe de Gabinete, Aloizio Mercadante, y Edinho Silva, debido a supuesta financiación ilegal de campañas electorales.
De acuerdo con los medios, la investigación incluye también al senador Aloysio Nunes, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).
Anteriormente, Pessoa, aseguró que donó 500.000 reales en 2010 a la campaña de Mercadante a gobernador de Sao Paulo y otros 300.000 reales oficialmente y 200.000 en metálico para la campaña de Aloysio Nunes.
Por su parte, Mercadante, Nunes y Silva rechazan tales acusaciones y consideran esas donaciones como “legales”. De hecho Silva, al argumentar que las cuentas de la campaña fueron aprobadas por el Tribunal Superior Electoral, apoya que se investigue todo lo que sea necesario para que se demuestre que actuó “siempre dentro de la legalidad”.
El viernes, también, la Justicia brasileña denunció al exjefe del Gabinete de Lula da Silva, José Dirceu, por su implicación en el escándalo de corrupción en Petrobras.
La agencia británica Reuters anunció el pasado 18 de agosto que la campaña estatal brasileña en un intento para solucionar las indagaciones criminales y civiles sobre su papel en el escándalo de corrupción, podría verse forzado a pagar una multa récord por valor de hasta 1600 millones de dólares.
Durante los últimos meses, Brasil ha vivido varios escándalos relacionados con Petrobras, entre ellos el destape de una trama de corrupción en la compañía que sacó a la luz el desvío de cerca de 4 mil millones de dólares y la consecuente investigación iniciada por la Fiscalía brasileña en la que se vieron implicadas varias altas autoridades de esta empresa y del país.
Esto ha dado oportunidad a los opositores de Roussef a que pidan la salida de la mandataria del poder y un juicio contra ella por los casos de corrupción en Petrobras.
En respuesta a estas denuncias, además de reiterar que no renunciará a su cargo, Rousseff ha resaltado que no tiene culpa desde el punto de vista moral ni político.
fdd/ktg/mrk/msf
