La CIJ rechazó el viernes las cuatro objeciones presentadas por Myanmar (Birmania) contra la denuncia de Gambia de presunto genocidio de la minoría musulmana Rohingya, tres de ellas por unanimidad de los jueces y una de ellas por 15 votos frente a uno.
En este contexto, la presidenta de la CIJ, Joan Donoghue, leyó la sentencia en la que se declara “competente” para tener en consideración la demanda presentada por Gambia el 11 de noviembre de 2019, de acuerdo al artículo noveno del Convenio para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.
En febrero pasado, los representantes de Birmania presentaron sus objeciones contra la denuncia de Gambia, un pequeño país africano de mayoría musulmana, y pidieron que los jueces se declararan incompetentes en el caso.
De acuerdo con Myanmar, Gambia ha sido utilizada como un Estado intermediario por la Organización para la Cooperación Islámica (OCI), mientras que la CIJ solo resuelve litigios entre Estados individuales. Sin embargo, este argumento ha sido refutado por el tribunal por falta de “base legal”.
En la segunda objeción preliminar, Birmania alegó que la solicitud era inadmisible, dado que el país africano “carecía de capacidad” para presentar el caso y, según la tercera, porque Gambia no podía acudir válidamente a la corte a la luz de la reserva de Birmania sobre el artículo VIII de la Convención sobre el Genocidio.
Conforme a última objeción preliminar, Birmania sostenía que la corte no era competente o que la denuncia era inadmisible, debido a que no había ninguna disputa entre las partes, en virtud de la Convención sobre el Genocidio en la fecha en que se presentó.
Esto, mientras que Gambia se había basado en la Convención de Ginebra para plantear la denuncia y sus abogados habían presentado informes elaborados por la Organización de Naciones Unidas (ONU), que ha documentado la violencia sufrida por esa etnia musulmana.
Entre 2016 y 2017, unos 10 000 Rohingya perdieron la vida y más de 700 000 han huido a Bangladés, cuando el Ejército birmano intensificó sus ataques contra esta población, y quemó cientos de viviendas y aldeas enteras de los musulmanes en el estado de Rajine, según la ONU, que considera una “limpieza étnica” el trato que Myanmar brinda a tal comunidad.
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