En un documento de 46 páginas presentado en nombre de los 57 países de la Organización para la Cooperación Islámica, Gambia acusa al Gobierno de Myanmar de haber cometido actos que violaron de manera manifiesta la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948.
Además, señalan que Myanmar investigue, persiga y castigue activamente a los oficiales acusados por delitos asociados al caso Rohingya. Los refugiados Rohingya esperan que el fallo les ayude a regresar a su tierra, Myanmar.
Aunque la ONU y las organizaciones pro derechos humanos han condenado la brutal represión de los rohingya y acusan al Gobierno birmano de limpieza étnica, no obstante, la líder de facto de Myanmar y premio nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, negó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que el Ejército de su país haya cometido genocidio contra los musulmanes Rohingya, y exigió a los 17 jueces internacionales que desestimen las acusaciones.
Aunque este juicio es un litigio entre los dos Estados miembros de la Corte, y no contará con cargos penales, podrá ser la base para otros juicios ya en curso contra generales del Ejército de Myanmar, por cargos de crímenes de lesa humanidad.
La violencia contra los rohingya por el Ejército y los budistas extremistas se intensificó, en agosto de 2017. Miles de musulmanes fueron asesinados y más de 740 mil sobrevivieron huyendo del país.
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