12 de los residentes de la localidad de mayoría chií Al-Qatif, ubicada en la Provincia Oriental, se enfrentan a la pena de muerte en varios litigios, en medio de una ofensiva dirigida por Bin Salman contra los activistas que abogan por la democracia, los predicadores musulmanes y los intelectuales, según informó el lunes el portal libanés Al-Ahed, citando fuentes de la Organización Europea-Saudí para los Derechos Humanos (ESOHR, por sus siglas en inglés).
Entre los detenidos, que ya están en el corredor de la muerte, se encuentra Muhamad Issam al-Faraj, nacido en 2002, quien fue acusado antes de cumplir los 10 años.
Una fuente local, que solicitó el anonimato, dijo a Al-Ahed que el fallo es emitido por una autoridad y que no hay cabida para la defensa propia o el nombramiento de un abogado.
También agregó que los acusados no tienen ningún conocimiento sobre cuándo y cómo se llevan a cabo las audiencias y qué involucran. Los acusados solo deben someterse a la orden judicial, y sus familias serán informadas únicamente después de haber sido ejecutados.
Los ejecutados son enterrados solos y sus familias no pueden despedirse ni recibir la herencia de sus seres queridos.
En reiteradas ocasiones, diferentes oenegés y organizaciones pro derechos humanos, como Human Rights Watch (HRW), han advertido del aumento exponencial de la represión, el arresto y la encarcelación de activistas en Arabia Saudí, a los que las autoridades, además, someten a brutales torturas, agresiones sexuales incluidas.
A principios de este mes en curso, la ONG Amnistía Internacional (AI) denunció que la monarquía árabe usa las cortes para acallar sistemáticamente a los disidentes.
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