Se trata de Husein Ali Abdulaziz al-Ribh, un activista opositor chií que se encontraba encarcelado en la prisión de Dhahban, sita en la ciudad portuaria de Yida, informó el miércoles la cadena de televisión en lengua árabe Nabaa, con sede en Londres (capital del Reino Unido).
Citando fuentes conocedoras del asunto, que pidieron permanecer en el anonimato, el medio indicó que aún se desconocen las circunstancias que rodearon la muerte del activista, de 38 años.
Al-Ribh fue arrestado el 16 de agosto de 2017 de manera violenta y sin que se presentaran cargos en su contra o fuera sometido a juicio alguno. Decenas de agentes del régimen saudí, fuertemente armados y a bordo de vehículos militares, allanaron su residencia particular en la ciudad chií de Al-Awamiyah, en la región de Al-Qatif —situada en la provincia Oriental— y echaron abajo la puerta de la vivienda recurriendo al empleo de explosivos.
Según han revelado varios informes, los agentes saudíes condujeron a los miembros de la familia a una esquina de la casa a punta de pistola, y luego se llevaron a Al-Ribh sin que mediara de por medio una orden de arresto.
Desde el año 2011, la provincia Oriental ha sido escenario de protestas y enfrentamientos debido a la marginación legal que sufren los chiíes, quienes reclaman la defensa de la libertad de expresión, la liberación de los presos políticos, y el fin de la discriminación económica y religiosa en su contra.
El régimen gobernante de los Al Saud ha respondido siempre con mano dura a las protestas de la población chií, circunstancia que ha tensado aún más la situación en esta región. Las manifestaciones antigubernamentales en la provincia Oriental se han intensificado desde enero de 2016, cuando el régimen saudí ejecutó al prominente clérigo chií el sheij Nimr Baqer al-Nimr.
La ola de arrestos y represiones de activistas ha aumentado todavía más y de manera significativa en toda Arabia Saudí desde junio de 2017, cuando Muhamad bin Salman Al Saud fue nombrado príncipe heredero de la monarquía árabe, un hecho que denunció la organización pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW) en un informe de 62 páginas, publicado a principios de este mes de noviembre.
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