Se aprobaron leyes que minaron la independencia judicial, limitaron la lucha contra la corrupción y restringieron derechos fundamentales. Entre las medidas más preocupantes está la reforma de la Ley de Colaboración Eficaz, que complicó investigaciones anticorrupción, y los cambios en la definición de crimen organizado, debilitando la persecución de delitos graves. Además, la corrupción sigue siendo alarmante: 67 congresistas y la presidenta enfrentaban investigaciones en 2024. Paralelamente, se denunciaron represalias contra manifestantes y periodistas, lo que evidencia un creciente autoritarismo.
El informe de HRW expone cómo el Congreso y el gobierno de Dina Boluarte debilitaron la democracia en 2024, con leyes que frenaron la lucha anticorrupción, atentaron contra la independencia judicial y reprimieron la disidencia, consolidando un grave retroceso autoritario.
El Congreso enfrenta una grave crisis de liderazgo, con algunos de sus miembros ligados a actividades ilícitas. Esta situación refleja una falta de capacidad política, agudizada por el control de partidos informales en el poder.
La pérdida de respaldo al Congreso y al Ejecutivo refleja una desconexión con gran parte de los peruanos, agravada por la falta de esfuerzos del gobierno para reparar las divisiones causadas por las protestas de 2022 y 2023.
Según el último informe de Ipsos, el Congreso de la República registra un 88% de desaprobación, posicionándose como una de las instituciones con menor respaldo por parte de la población peruana.
Aarón Rodríguez, Lima
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