Este miércoles, varios gremios del transporte público, junto a mercados de abastos y comercios, han parado sus actividades por tercera vez en un mes y, en este marco, han realizado marchas para protestar por la falta de acciones del Gobierno presidido por Dina Boluarte frente al aumento de extorsiones, amenazas y homicidios por parte de grupos delincuenciales.
Los transportistas y comerciantes demandan que se archiven proyectos de ley sobre el terrorismo urbano y solicitan la derogación de la Ley 32108, vinculada al crimen organizado.
Solo en Lima se registraron este año 14 ataques contra el servicio público de transporte y tres chóferes fueron asesinados, según la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra).
“No a las extorsiones, basta de sangre derramada”, se leía en un cartel instalado en un mercado cerrado del norte de Lima, la capital, que ha amanecido llena de policías y soldados.
#ElPerúsísedetiene | “Quien les habla es un vecino de una madre cogoteada, amigo de un hijo asesinado” Dirigente de Huaycán le habla al Perú y a los manifestantes que se encuentran en estos momentos protestando en la Av. Abancay. pic.twitter.com/y2SiC6elIA
— 🇵🇪 Wayka (@WaykaPeru) October 23, 2024
También se han registrado protestas en otras regiones del país incluidas Piura, Junín y Arequipa.
Hace cuatro semanas, durante la primera paralización masiva de autobuses en Lima, el gobierno declaró la emergencia por 60 días para combatir la delincuencia en 14 de los 50 distritos de los suburbios de la capital.
Esa emergencia incluye la limitación de las garantías constitucionales como el libre tránsito, la libertad de reunión y la inviolabilidad de domicilio, pero al momento no se han detenido los delitos.
🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | Un mototaxista perdió la vida producto de la delincuencia en Villa El Salvador. La víctima fue interceptada por dos sujetos, quienes les disparan hasta en tres ocasiones. Ello mientras se realiza el paro general de transportistas en Lima.
— Exitosa Noticias (@exitosape) October 23, 2024
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La presidenta Boluarte señaló el martes a los migrantes venezolanos como responsables del aumento de la delincuencia y dijo que supervisarán las remesas enviadas a Venezuela y se les exigirá contratos de trabajo y del alquiler de sus viviendas.
También indicó que a la paralización se querían sumar un grupo de personas que vienen “con una agenda política” en referencia a una serie de protestas que exigían su renuncia a fines de 2022 y los primeros meses de 2023 que dejaron decenas de muertos.
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