Las investigaciones contra los militares y policías de Perú están relacionadas a las muertes y lesiones ocurridas durante las manifestaciones de diciembre de 2022 y marzo de 2023. Este movimiento judicial subraya las tensiones crecientes entre el gobierno y los manifestantes, quienes expresan preocupaciones sobre políticas y decisiones gubernamentales. Las investigaciones buscan esclarecer responsabilidades y garantizar justicia para las víctimas de estos incidentes, que han marcado un punto álgido en el descontento social.
Las movilizaciones contra el gobierno de Dina Boluarte, las cuales dejaron un saldo de más de 60 fallecidos, pronto podrían intensificar las presiones internacionales sobre la administración peruana. El Ministerio Público ha hecho oficial las investigaciones contra 154 miembros de la Policía Nacional y del Ejército del Perú en agravio de 267 ciudadanos, marcando un momento crucial en la búsqueda de justicia y rendición de cuentas por los eventos trágicos ocurridos durante las protestas.
Actualmente Dina Boluarte es investigada por genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, por las muertes durante las manifestaciones. Y a la vez, se le suma otra denuncia por cohecho pasivo por el caso de Rolexgate.
En el marco de la celebración de la independencia de Perú, miles llegarán a Lima para protestar contra el gobierno, exigiendo justicia por las víctimas de las protestas pasadas y ante la crisis económica y política. A pesar de su magnitud, el gobierno subestima estas manifestaciones.
Los familiares de víctimas y heridos de las masacres cometidas por las Fuerzas Armadas y Policía han solicitado la unión de los colegios de abogados de Perú para proteger las investigaciones en curso en la Fiscalía.
Aarón Rodríguez, Lima.
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