Por Xavier Villar
En el marco del debate sobre el traslado de la capital política de Irán, el presidente de la Comisión de Consejos y Asuntos Internos del Parlamento iraní, Mohamad Saleh Jokar, ofreció una entrevista a un diario local. Durante la conversación, Jokar destacó que la idea de trasladar la capital política de Teherán lleva más de dos décadas siendo objeto de discusión.
La propuesta, según el parlamentario, surge como respuesta a los crecientes problemas que han hecho cada vez más insostenible la vida en la capital. La sobrepoblación, el colapso de la infraestructura urbana y la creciente congestión vehicular son solo algunos de los factores que han impulsado la necesidad de explorar alternativas. Con más de 8 millones de habitantes, Teherán enfrenta una presión constante sobre sus recursos, lo que ha llevado a las autoridades a considerar opciones para descongestionar la ciudad y redistribuir las funciones gubernamentales.
Aunque el traslado no es una medida inmediata, el debate sobre su viabilidad sigue ganando fuerza, reflejando una creciente preocupación por la sostenibilidad de Teherán como sede del Gobierno. Sin embargo, los detalles sobre los desafíos logísticos, económicos y sociales asociados al traslado aún permanecen sin resolver.
El diputado Mohamad Saleh Jokar explicó que el traslado de la capital política ha sido considerado un tema estratégico y que, con ese fin, se estableció un consejo encargado de tomar decisiones sobre esta transición, en el que participan el presidente y otras autoridades clave. No obstante, criticó que muchos gobiernos anteriores no otorgaron la importancia necesaria al asunto y, en muchos casos, ni siquiera convocaron reuniones al respecto.
Jokar también señaló que, aunque algunos gobiernos celebraron reuniones sobre la posible reubicación de la capital, no se tomaron decisiones serias ni concretas. En su opinión, una de las decisiones más difíciles para el consejo será determinar la nueva ubicación de la capital política.
Al ser consultado sobre dónde debería situarse la nueva capital, Jokar respondió:
“La capital política debe ubicarse en un lugar accesible para toda la población del país, incluso para quienes viven en las zonas más remotas. Sin embargo, esta capital no debe padecer problemas como el tráfico o la congestión urbana”. El área urbana de Teherán, con una extensión de 730 kilómetros cuadrados y una densidad de población de 125 personas por hectárea, se encuentra entre los puestos 20 y 25 a nivel mundial en términos de densidad poblacional. Lo que realmente destaca de esta área es la distribución de la población y las actividades económicas internas. Según estimaciones, más del 20 % de la población y el 30 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país están concentrados en esta región. Además, la densidad de población en Teherán es 20 veces superior al promedio nacional, lo que ha generado una alta concentración de población y actividades económicas, intensificando los desafíos relacionados con la sostenibilidad y la infraestructura de la ciudad.
Debido a estos problemas, la idea de trasladar la capital de Teherán a otra ciudad ha sido considerada durante años. La primera vez que se planteó la posibilidad de cambiar la capital a ciudades cercanas fue al final de la guerra entre Irán e Irak, que tuvo lugar en los años 80 del siglo XX. Este conflicto, que duró ocho años, dejó al país con una infraestructura gravemente dañada y con problemas económicos significativos, lo que impulsó a las autoridades a considerar alternativas para aliviar la presión sobre Teherán. Desde entonces, la cuestión ha sido retomada en varias ocasiones. En los últimos años, el tema ha sido discutido repetidamente en el gobierno y el Parlamento de la República Islámica de Irán, reflejando una creciente preocupación por la sostenibilidad y la calidad de vida en la capital.
En 2012, se presentó un plan titulado “Traslado de la capital administrativa y política” con el objetivo de abordar los múltiples desafíos que enfrenta la gran ciudad de Teherán. Como parte de este plan, se implementaron varias resoluciones gubernamentales destinadas a realizar una “semi-traslación” de la capital. Según estas resoluciones, aprobadas durante el gobierno de Mahmud Ahmadineyad, se decidió trasladar a empleados de diversas agencias, instituciones y organismos gubernamentales ubicados en Teherán a otras ciudades con el fin de descongestionar la capital. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos iniciales, la implementación de estas medidas fue suspendida debido a diversos obstáculos logísticos y financieros, lo que retrasó el avance de la propuesta.
Las razones que se han planteado para el traslado de la capital en los últimos años se centran principalmente en el tráfico, la contaminación del aire y el riesgo de terremotos. Estos factores han exacerbado los problemas de calidad de vida en Teherán, una ciudad que enfrenta una creciente presión sobre su infraestructura y recursos. Sin embargo, en el contexto actual, a estas preocupaciones se suman otros desafíos significativos, como los problemas sociales, la escasa prestación de servicios básicos, las cuestiones ambientales, la inseguridad y el aumento desmesurado de los precios en el mercado inmobiliario. La acumulación de estos problemas ha intensificado el debate sobre la necesidad de reconsiderar la ubicación de la capital, en un intento por aliviar la sobrecarga que enfrenta Teherán y asegurar un futuro más sostenible para la ciudad y sus habitantes.
No obstante, este plan también ha encontrado una fuerte oposición. Las razones que esgrimen los detractores se centran principalmente en dos puntos: “organizar la situación en lugar de trasladarla” y “la carga financiera y los elevados costos” asociados al traslado. Desde esta perspectiva, se argumenta que, en lugar de mover la capital, se podrían resolver los problemas de Teherán mediante una mejor organización y una gestión más eficiente de los recursos y servicios urbanos. De esta manera, se cree que la ciudad podría ser revitalizada sin necesidad de reubicar las instituciones gubernamentales, mejorando así la calidad de vida sin recurrir a una costosa reestructuración.
Además, se señala que el traslado de la capital implicaría una carga financiera considerable, con costos elevados asociados a la construcción de nueva infraestructura, la reubicación de organismos gubernamentales y otras complicaciones logísticas que podrían resultar en una inversión poco rentable a largo plazo.
Este debate puede analizarse desde la geografía política, ya que la capital de un país suele ser una ciudad densamente poblada, con una rica historia ligada a las funciones políticas y económicas de alto nivel que allí se realizan. Sin embargo, en ocasiones, los líderes gubernamentales optan por trasladar la capital a otra ciudad. A lo largo de la historia, este tipo de traslados ha sido una práctica recurrente en diversas culturas y épocas. Los antiguos egipcios, romanos y chinos, por ejemplo, cambiaban de capital con frecuencia, buscando nuevas ubicaciones que ofrecieran ventajas estratégicas, económicas o de seguridad.
Algunos países eligen nuevas capitales en lugares más fácilmente defendibles en tiempos de invasión o guerra. En otros casos, se planean y construyen nuevas capitales en áreas previamente no desarrolladas, con el objetivo de fomentar el desarrollo económico y social en regiones menos urbanizadas. Además, en situaciones de tensiones internas, algunas naciones optan por ubicar la nueva capital en regiones consideradas neutrales para grupos étnicos o religiosos en conflicto, buscando promover la unidad, la seguridad y la prosperidad nacional.
A lo largo de la historia moderna, varios países han tomado la decisión de trasladar su capital por diversas razones. Entre los ejemplos más notables se encuentran Estados Unidos, Rusia, Canadá, Australia, India, Brasil, Belice, Tanzania, Costa de Marfil, Nigeria, Kazajistán, la antigua Unión Soviética, Birmania y Sudán del Sur. Estos traslados reflejan la compleja interacción de factores políticos, económicos, sociales y de seguridad que influyen en las decisiones gubernamentales, y destacan cómo las necesidades de cada país han determinado la ubicación de su sede gubernamental en momentos clave de su historia.
