Los obreros agrícolas provenientes de Rancho Seco, uno de los campos productores de jitomate más grande de la comunidad Triqui en San Quintín, de Baja California, urgían a sus compañeros mantener el paro hasta que declaren sus demandas al subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava.
Pues, el secretario general de la Central Campesina Cardenista, Max Correa, exigió la intervención del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para restituir el orden en San Quintín y poner fin a la "represión" del gobierno estatal y de los empresarios agrícolas contra los trabajadores.
Los obreros solicitan aumento del salario por jornada de trabajo, y el fin de las condiciones de vida miserable, horas extras que no son abonadas, y, en general, la explotación laboral, entre otros.
Nava no acudió al lugar donde sucedió el choque, por lo que, según Correa, provocó el enfrentamiento entre agentes y los trabajadores.
El jornalero Fidel Sánchez, está convencido de que sus exigencias están en el marco legal, empero, los empresarios, en "complicidad" con los sindicatos oficiales y las autoridades de los gobiernos federales y estatales, las rechazan.
Desde el pasado 17 de marzo, los jornaleros organizan diversas protestas, durante las cuales la policía mexicana ha agredido y detenido a cientos de ellos, quienes denuncian las condiciones de semiesclavitud en las que laboran, sobre todo las mujeres y los niños.
Los rubros que se cosechan en Baja California van al mercado mundial de exportación a través de su comercialización en Estados Unidos, lo que contrasta con las condiciones laborales de miles de jornaleros, la mayoría indígenas.
Cifras oficiales indican que el 46.8 % de la población del valle de San Quintín no cuenta con servicios de salud y que la mayoría de los peones no pasó del cuarto grado de la escuela primaria.
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