El Consejo de Ministros para la Seguridad Nacional, presidido por el primer ministro iraquí, Haidar al-Abadi, ha concluido este lunes con la aprobación de nuevas sanciones y medidas coercitivas contra el Kurdistán de Irak y los dirigentes de esta región en el norte de Irak.
Una de las medidas adoptadas —y probablemente la más importante— ha sido la orden de que todas las empresas de telefonía móvil del Kurdistán iraquí trasladen sus sedes a Bagdad, la capital, y se pongan bajo la autoridad del Gobierno central.
Por otra parte, el Ejecutivo iraquí ha consensuado presentar una denuncia contra los dirigentes kurdos, acusados de promover el referéndum secesionista del 25 de septiembre y los altos mandos que estuvieron involucrados en la celebración de la consulta.
Al-Abadi ha anunciado que el Gobierno de Bagdad dispone de una lista con los nombres de las personas a las que pretende denunciar y que en los próximos días se publicarán sus nombres.
Del mismo modo, ha adelantado que pretende investigar las transferencias de dinero del Gobierno regional del Kurdistán iraquí a sus funcionarios en el extranjero para monitorear sus actividades y encontrar posibles fraudes o apoyos extranjeros a los secesionistas.
La consulta, en la que un 92 por ciento de los participantes dijo ‘sí’ a la secesión (según las autoridades kurdas), ha provocado duras críticas de sus vecinos tanto de Irán como de Turquía. De hecho, esta última ha amenazado una y otra vez con intervenir militarmente en la región iraquí si se ve amenazada.
Las autoridades de Irak, que se niegan a reconocer el resultado de la consulta, han propuesto a los kurdo-iraquíes un diálogo constructivo para superar las discrepancias y asegurar la integridad del país en momentos en que sigue la lucha contra el grupo terrorista EIIL (Daesh, en árabe).
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