“La UE decidió aplicar medidas específicas adicionales contra siete miembros de las fuerzas de seguridad e inteligencia implicados en torturas y otras violaciones graves de los derechos humanos”, ha expresado el Consejo Europeo (CE) a través de un comunicado emitido este viernes.
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Las sanciones en contra de los funcionarios venezolanos, según el comunicado del CE, incluyen la prohibición de viajar y la inmovilización de sus bienes.
El informe asevera que cuatro de los funcionarios sancionados están vinculados con la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien había sido detenido tras ser relacionado con un plan para derrocar y asesinar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, el 30 del pasado mes de abril.
En este contexto, la CE asevera que Acosta Arévalo murió mientras estaba bajo la custodia e investigación de las fuerzas de seguridad de Venezuela, agregando que este accidente “es un ejemplo patente del deterioro continuo de la situación de los derechos humanos” en el país bolivariano.
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La UE decidió aplicar medidas específicas adicionales contra siete miembros de las fuerzas de seguridad e inteligencia implicados en torturas y otras violaciones graves de los derechos humanos”, ha expresado el Consejo Europeo (CE) a través de un comunicado.
Las personas de esta lista son Hannover Esteban Guerrero Mijares, director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM); Rafael Ramón Blanco Marrero, subdirector de la DGCIM; Rafael Antonio Franco Quintero, jefe de investigaciones de la DGCIM y Alexander Enrique Granko Arteaga, jefe de la unidad de Asuntos Especiales.
También otros tres funcionarios que están acusados de ser responsables de supuestas violaciones de derechos humanos son Néstor Blanco Hurtado, mayor de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB); Carlos Calderón, comisario del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN); y Alexis Enrique Escalona Marrero, jefe de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONDOFT).
Con tales sanciones y restricciones, la Unión Europea pretende “promover una solución política, pacífica y democrática, mediante la celebración de unas elecciones presidenciales creíbles y transparentes bajo observación internacional”, ha dicho el comunicado del CE.
Adicionando las siete personas mencionadas en la lista de los individuos sancionados de Venezuela, se eleva a 25 la cifra de sancionados por la UE en vista de la situación en el país bolivariano.
Venezuela se convirtió en 2017 en el primer país latinoamericano sancionado por la UE. Además del embargo de armas, los europeos impusieron en 2018 una congelación de activos y prohibición de visados para los funcionarios sancionados.
En este contexto, el mandatario del país bolivariano denunció este mes de septiembre que su par estadounidense, Donald Trump, ha impuesto a la UE sus políticas extremistas contra Venezuela, a fin de derrocar el Gobierno legítimo de Maduro.
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