“La responsabilidad que tiene este Gobierno llega hasta nuestras fronteras; lo que puedan hacer terceros países no es responsabilidad de este Gobierno”, ha dicho Sánchez en una entrevista en la cadena local La Sexta, para reconocer justo a continuación que “sin duda alguna” las armas en cuestión se usan contra colegios y hospitales.
Muy criticado en España por haber desautorizado a su ministra de Defensa, Margarita Robles, que había anunciado por los crímenes de guerra saudíes la paralización de la venta de bombas a Riad, el mandatario ha dicho que “la política es muy compleja”, que “la situación era muy complicada” y que los Gobiernos tienen que tomar “decisiones complejas y difíciles”.
La política es “materializar ideales”, ha dicho Sánchez, pero también “priorizar”, y el Gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha antepuesto en esta ocasión las relaciones “comerciales, económicas y políticas” con el régimen de Arabia Saudí y “los intereses de los trabajadores y trabajadoras” de la compañía de construcción naval civil y militar Navantia.
Aun así, el jefe del Ejecutivo español se ha lavado las manos diciendo que el contrato de venta había sido firmado por sus predecesores del Gobierno de Mariano Rajoy, del Partido Popular (PP), y que su Administración “defiende los derechos humanos”, “defiende la paz en el mundo”.
La responsabilidad que tiene este Gobierno llega hasta nuestras fronteras; lo que puedan hacer terceros países no es responsabilidad de este Gobierno”, ha dicho el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, sobre la venta por España de armamento a Arabia Saudí para su guerra contra Yemen.
Además, Sánchez se ha jactado de que el anterior Gobierno socialista español, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, “acordó con más de cien países acabar con las bombas racimos” y destruyó el arsenal español de ese devastador tipo de armamento, fabricado por España hasta la firma de la Convención de Oslo de 2008 que las prohibió.
El Gobierno de España ha sido acusado sin embargo de cometer un delito contra la propia legislación española al vender armas a “que puedan usarlo para cometer violaciones de derechos humanos en situaciones de conflicto”, como denunció el jueves en el Congreso de los Diputados (cámara baja del Parlamento español) el diputado de Podemos Pablo Bustinduy.
Investigadores especializados afirman que el régimen saudí emplea armamento de fabricación española en su cruenta campaña bélica contra Yemen, muy silenciada en los medios de comunicación occidentales hasta fechas recientes, en especial con la matanza en agosto con “bombas inteligentes” de 51 personas (40 de ellas niños) en un autobús escolar.
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