Según han afirmado grupos de derechos humanos, la institución intentó argumentar que la orden judicial hasta 2030 era necesaria con urgencia antes de las ceremonias de graduación de este fin de semana, pero el juez desestimó la solicitud, en su lugar emitió una “orden judicial muy limitada” hasta este sábado.
La disposición judicial prohíbe la acción directa en áreas donde se prevé llevar a cabo la ceremonia. Mientras, se ha programado una nueva audiencia para marzo, ante la preocupación que reviste el hecho de que la solicitud de la universidad ofrezca poco tiempo para que las partes interesadas respondan adecuadamente, alertó el juez.
Cambridge 4 Palestine, European Legal Support Centre, Palestine Solidarity Campaign, entre otras organizaciones defensoras de la causa palestina, rechazaron la iniciativa de la aludida casa de estudios superiores.
Ante tal acción discriminatoria, que va en detrimento de los derechos fundamentales de protesta y con la consiguiente afectación a estudiantes y personal palestino, autoridades de Cambridge y el Relator Especial de la ONU para la Libertad de Reunión se unieron a los grupos antes de la audiencia.
La universidad trató de silenciar a quienes exigían que esta pusiera fin a su complicidad en el genocidio de Israel. Una investigación había revelado anteriormente que las universidades británicas invierten casi 430 millones de libras en empresas cómplices de las violaciones del derecho internacional por parte del régimen israelí.
Universidades de varios países europeos y también de los Estados Unidos han desplegado mecanismos represivos ante la ocurrencia de protestas en sus campus para apoyar a los palestinos, víctimas de un genocidio desde octubre de 2023 en la Franja de Gaza, que ha cobrado la vida de más de 48 000 personas.
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