“Enviar inmigrantes a una prisión remota y abusiva no solo es ilegal y sin precedentes, sino ilógico dado el costo adicional y las complicaciones logísticas”, declaró la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), a través comunicado emitido este sábado.
Los migrantes afectados son siete ciudadanos de Venezuela, uno de Afganistán, uno de Bangladés y otro de Pakistán, según consta en la demanda presentada ante el tribunal federal del Distrito de Columbia.
Es el segundo caso legal en el plazo de un mes que busca frenar el envío de personas migrantes deportadas por Estados Unidos a ese lugar de encarcelamiento.
En su escrito, los demandantes cuestionan la legalidad de enviar a migrantes a una prisión ubicada fuera del territorio estadounidense, que además es conocido por sus “horribles condiciones de detención”.
La Administración de Donald Trump anunció que usaría la base de Guantánamo para detener a migrantes que hubieran cometido crímenes graves. El pasado 4 de febrero comenzó a trasladar a Guantánamo a decenas de ciudadanos venezolanos, aunque varios de ellos no tenían antecedentes penales.
La base naval de Guantánamo abrió en 2002 bajo el mandato del expresidente George W. Bush (2001-2009) para retener a acusados de terrorismo y cuenta también con un centro de procesamiento de migrantes separado. Esta prisión militar es blanco de denuncias por violación de los derechos humanos.
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