Luego de que un prisionero federal, quien está esperando ser ejecutado en enero, dio positivo en coronavirus, causante de la COVID-19, un grupo de senadores escribieron una carta, publicada por la agencia de noticias estadounidense NBC el lunes, al inspector general del Departamento de Justicia de EE.UU., Michael Horowitz, exigiendo una investigación sobre los motivos del presidente saliente del país, Donald Trump, para volver a utilizar la ejecución a los condenados a pena de muerte, una medida adoptada en julio de 2019, después de 17 años sin usarla.
Desde aquella fecha, el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, declaró que el Gobieno federal ejecutaría a 10 prisioneros federales, y se han programado tres ejecuciones más en enero, pocos días antes de la toma de posesión del mandatario electo Joe Biden, lo que es la mayor cantidad de ejecuciones en un período presidencial en más de 130 años.
“La anulación de las políticas y protocolos tradicionales del Departamento de Justicia (de EE.UU.) para las ejecuciones federales plantea numerosas preguntas sobre la justicia y la aplicación de estas políticas y protocolos por parte de la Administración Trump”, mencionaron los senadores.
El grupo de senadores que incluye a los demócratas como Elizabeth Warren, Cory Booker y Dick Durbin, pidieron a Horowitz que investigue unos asuntos, entre ellos, cuál fue el “fundamento político” de la Administración del presidente saliente para esa revocación, no obstante, todavía el departamento no ha dado respuesta a su carta.
Asimismo, buscan unas respuestas, entre ellas, de que si estas ejecuciones federales son una práctica de prejuicio racial, debido a que de 6 de 13 condenados federales son negros y uno era nativo americano, y cuáles son los costos relacionados con éstas.
Warren advirtió que la decisión del magnate neoyorquino para pena de muerte, días antes de que el mandatario electo, Joe Biden, tome posesión al cargo y cuando el país sufre la pandemia del nuevo coronavirus, pusiera en mayor riesgo la vida de las familias y funcionarios federales de contraer el nuevo virus.
En esta línea, el Departamento de Justicia promulgó el 25 de noviembre una ley que facilita la ejecución de condenas a muerte. La enmienda da a los fiscales federales más opciones para ejecutar a estos reos, incluido, gas venenoso, electrocución, fusilamiento, incluso utilizar “cualquier otra manera prescrita por la ley del estado en el que se impuso la sentencia”, informó el diario estadounidense The New York Times (NYT).
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