Temor, miedo e incertidumbre son los sentimientos de miles de tepesianos que se quedaron sin su estatus de protección temporal por la decisión del presidente Donald Trump. Por ello se siguen alzando las voces para evitar una deportación masiva de estos inmigrantes. Así que un grupo de 22 fiscales generales anunció la presentación de un texto de apoyo a una demanda que pide frenar la deportación de los beneficiados con Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).
La medida es liderada por el fiscal general de California, Xavier Becerra, junto con los fiscales generales de Massachusetts y el Distrito de Columbia, Connecticut, Delaware, Hawai, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada , Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Oregón, Rhode Island, Vermont, Virginia y Washington.
El “amicus brief”, como se denomina el texto de apoyo en este litigio solicita a la Corte de Apelaciones del Noveno Distrito de San Francisco que mantenga la orden preliminar, que bloquea la decisión del Departamento de Seguridad Nacional del presidente Trump de finalizar el TPS para nativos de El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán por violar sus derechos al debido proceso.
En concreto, según palabras de Becerra el texto señala el impacto que estas deportaciones provocará en cientos de miles de niños estadounidenses por la “forzada separación” de sus padres y la pérdida de ingresos por los impuestos abonados por los beneficiarios del programa.
Rosie Orbach, Los Ángeles.
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