“La legislación bipartidista de hoy es la respuesta más integral, más significativa hasta la fecha, y proporciona la ayuda humanitaria y política, y la presión económica necesarias para colocar al país de vuelta en el camino a la democracia”, ha apuntado este martes Robert Menéndez, el senador del Partido Demócrata de EE.UU. que impulsa la propuesta.
Los senadores Marco Rubio, Bill Nelson y John Cornyn, entre otros pertenecientes tanto al Partido Republicano como al Demócrata, apoyaron el proyecto titulado Ley de Ayuda Humanitaria, Reconstrucción y Estado de Derecho en Venezuela de 2018, que sancionará a Cilia Adela Flores de Maduro, esposa del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y altos cargos del Ejecutivo venezolano, entre los que destacan la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, los ministros de Defensa, Vladimir López, y de Comunicación, Jorge Rodríguez, así como varios entes nacionales e internacionales.
La propuesta, sin embargo, va más allá de las sanciones y propone dos provisiones de asistencia por valor de 40 millones de dólares, a saber: 20 millones de dólares serán dedicados a Venezuela, mientras que los otros 20 millones se dirigirán a los países vecinos de la nación latinoamericana, aliados de Washington, para hacer frente a Caracas; además, otros 15 millones de dólares más serán destinados “a la sociedad civil democrática" y para garantizar lo que consideran futuras elecciones democráticas. En este sentido, la medida supone aumentar los castigos financieros a la deuda soberana de Venezuela.
La legislación bipartidista de hoy es la respuesta más integral, más significativa hasta la fecha, y proporciona la ayuda humanitaria y política, y la presión económica necesarias para colocar al país (Venezuela) de vuelta en el camino a la democracia”, ha apuntado Robert Menéndez, el senador del Partido Demócrata de EE.UU.
La iniciativa que, según el senador Rubio, tiene como fin capacitar a Washington para “restablecer el Estado de Derecho en Venezuela”, obliga al Departamento de Estado de EE.UU. a celebrar una conferencia de donantes internacionales, además de exigir el reconocimiento por Washington de la Asamblea Nacional (AN) y apoyar las agresiones del Grupo de Lima y de la Organización de Estados Americanos (OEA) contra Caracas.
Las autoridades venezolanas han denunciado una campaña mediática de EE.UU., el sector de la derecha venezolana, algunos países latinoamericanos y bloques regionales con el objeto de desprestigiar y derrocar al Gobierno de Caracas.
En este sentido, Maduro denunció en abril que las noticias falsas buscan justificar una intervención militar.
El Gobierno venezolano ha criticado en reiteradas ocasiones la “guerra psicológica” promovida por Estados Unidos y sus aliados regionales para “hacer creer al mundo que hay una crisis humanitaria” en Venezuela.
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