Un comunicado difundido el viernes por la CIDH se alerta de la situación que atraviesa el país. “El aumento de la violencia política en Ecuador se registra en un contexto de grave deterioro de la seguridad ciudadana”, mientras que culpa de ello al crimen organizado.
La comisión hace alusión al asesinato a tiros esta semana del candidato presidencial Fernando Villavicencio, en un ataque que dejó otras nueve personas heridas. También denuncia la muerte en julio de Agustín Intriago, alcalde de la localidad de Manta, en la costa central, y del candidato a la Asamblea Nacional, Rinder Sánchez, en la localidad de Esmeraldas, al norte de Ecuador.
La oficina de DD.HH. insiste en que “La violencia por razones políticas no sólo implica la violación de diversos derechos humanos, sino que atenta contra los principios que fundamentan el estado de derecho y vulnera directamente el régimen democrático” y alerta sobre la preocupación de los “efectos amedrentadores e intimidatorios” para las personas que participan en los procesos electorales.
Insta, además, al Estado a “investigar, juzgar y sancionar todos los hechos con diligencia”, buscando tanto el móvil como los autores “materiales e intelectuales” de los diferentes ataques que exacerban la polarización política y la suman a la existente inestabilidad económica y social.
Tras el asesinato de Villavicencio, que según encuestas tenía posibilidades de llegar a la segunda vuelta, han sido detenidos seis ciudadanos colombianos. La CIDH también pide a las autoridades garantizar elecciones pacíficas y a respetar los resultados del 20 de agosto.
Ecuador ha vivido durante el último año un aumento exorbitante de la violencia, según autoridades, en el primer semestre de 2023 se produjeron 3513 homicidios; la cifra representa un incremento de 58 % con respecto al mismo periodo de 2022, pero no es una violencia que se vive solo en las calles, las matanzas carcelarias han provocado más de 430 reclusos muertos desde 2021.
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