A través de un comunicado divulgado este lunes, el mencionado comité, encargado por órdenes del presidente Seyed Ebrahim Raisi de indagar los diferentes aspectos de lo acaecido, ha señalado que los disturbios en Irán fueron una de las 400 protestas populares suscitadas en 123 países entre 2017 y 2022, con la diferencia de que las vividas en Irán no tuvieron una extensión popular significativa.
Según el texto, unas 202 personas perdieron la vida durante los disturbios, 90 de los casos constituían personas equipadas con armas frías o calientes que murieron en actos terroristas, conflictos y ataques a cuarteles militares y policiales, infraestructuras vitales o personal encargado de hacer cumplir la ley. Al respecto, ha subrayado que esta estadística muestra que una parte importante de los asesinados era, en realidad, los que planeaban la muerte de ciudadanos y generar gran inseguridad en el país.
Ha agregado que 112 de los muertos eran gente común, asesinada por los alborotadores en medio de los enfrentamientos, una parte importante de ellos también fueron asesinados intencionadamente. Es decir, el proyecto del asesinato y su combinación con operaciones mediáticas y psicológicas fue parte de un plan diseñado, y teniendo en cuenta la repetición de este proceso en las sediciones registradas anteriormente en el país, se puede decir que es una parte constante de cualquier plan contra la seguridad en Irán.
Asimismo, ha precisado que durante los disturbios, 79 miembros de las fuerzas del orden fueron martirizados por los alborotadores o en los actos terroristas, lo que demuestra que una de las estrategias centrales de los diseñadores de los disturbios fue combinar la violencia callejera extrema con la acción terrorista.
“Bajo esta estrategia central se puede definir la promoción de la teoría de la violencia legítima, que fue promovida por [las cadenas hostiles Irán] International y BBC Persian durante los disturbios”, ha apostillado recalcando que esta estrategia se observó claramente en el atentado terrorista acaecido en el santuario de Shah Cheraq, en la ciudad de Shiraz, después del fracaso de los disturbios callejeros en Teherán, la capital, o la expansión de la inseguridad en el sureste de Irán, juntos a los disturbios orquestados en Teherán.
El comité especial ha resaltado que, además del asesinato de 54 agentes de la ley, un número significativo de ellos resultaron heridos durante los disturbios. Mientras tanto, unas 5200 integrantes de la Fuerza Disciplinaria de la República Islámica de Irán resultaron lesionados. Igualmente, 1540 miembros del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) y Basich sufrieron heridas graves y lesiones irreparables, como médula espinal cortada, ceguera, fracturas de las extremidades, entre otros.
Ha señalado que este número significativo de mártires y heridos entre las fuerzas de seguridad demuestra que ellos sacrificaron sus vidas para establecer la seguridad, y con este sacrificio inusual, que no se parece al comportamiento de las fuerzas de seguridad y contrainsurgencia de otros países del mundo, no sólo impidieron la formación de un ciclo de violencia, sino se negaron también a responder a las violentas contramedidas de los alborotadores.
A continuación, el documento subraya que el sistema disciplinario y de seguridad de Irán no sólo no siguió la política de violencia contra los manifestantes, sino que basándose en las quejas públicas recibidas, ha tratado, según las leyes, con sus funcionarios en 21 casos. En otras palabras, el sistema de seguridad del país persa no sólo se distancia mucho de la estrategia de mano dura habitual en otros países durante los disturbios, sino que ni siquiera ha ignorado casos menores de violaciones por parte de las fuerzas bajo su mando.
Ha concluido que el arresto de 50 miembros del grupo terrorista Muyahedín Jalq (MKO, por sus siglas en inglés); 77 miembros de grupúsculos hostiles Komala, Partido Democrático del Kurdistán, Partido de la Libertad del Kurdistán (PAK, por sus siglas en kurdo) y Partido para una Vida Libre en el Kurdistán (PJAK, en kurdo); 5 elementos de grupos takfiríes; 9 ciudadanos de ciertos países occidentales, y 164 miembros de matones, asimismo, la confiscación de varios talleres de producción de cócteles molotov y un número significativo de pistolas, diferentes tipos de ametralladoras, cartuchos y escopetas pertenecientes a los alborotadores muestran que los disturbios de 20233 fueron un proyecto antiseguridad y contaba actores completamente profesionales en este campo.
El 13 de septiembre, un agente detuvo a Mahsa Amini, una joven de 22 años, en Teherán y la invitó a participar en una entrevista explicativa sobre la vestimenta islámica en un centro policial. En este lugar, sufrió un infarto, por lo que fue trasladada inmediatamente a un hospital, donde falleció tres días después. Tras la repentina muerte de la joven, algunos se apresuraron a culpar a la policía y, bajo este argumento, se desataron protestas en varias ciudades del país para exigir a las autoridades una explicación por el deceso de la joven.
En tan solo dos días, las protestas se convirtieron en disturbios con sangrientos enfrentamientos, que incluso continúan hasta ahora en ciertas provincias.
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