“Habiendo alcanzado la independencia hace más de medio siglo, nuestro país no puede albergar ninguna duda acerca de su capacidad de autogobierno. Ha llegado el momento de dejar completamente atrás nuestro pasado colonial”, dijo el martes la gobernadora de Barbados, Sandra Mason, en el marco del 55. º aniversario de la independencia de la isla, que será el 30 de noviembre de 2021 y tras leer el discurso de la primera ministra barbadense, Mia Mottley.
Asimismo, Mason agregó que “los habitantes de Barbados quieren un jefe de Estado de Barbados. Esta es la máxima declaración de confianza en quiénes somos y en lo que somos capaces de lograr”.
Esta decisión del Gobierno de Mottley se fundamenta en varios antecedentes. En principio, el discurso cita una advertencia de Errol Barrow, primer ministro del país después de su independencia, que dijo que la nación “no debe holgazanear en las instituciones coloniales”.
En 1998, una comisión de revisión constitucional recomendó que Barbados tuviera un estatus republicano, mientras que el predecesor de la actual gobernadora también alentó la eliminación del sistema monárquico en un futuro lo más cercano posible.
No obstante, la isla no sería la primera excolonia británica del Caribe en convertirse en república. Guyana ya lo hizo en 1970, seguida por Trinidad y Tobago, en 1976, y por Dominica, en 1978, pero, esta es la primera vez, desde 1992, que un país de la Commonwealth renuncia a la reina como su monarca constitucional.
Ante tal coyuntura, desde Buckingham adoptaron un tono nada intervencionista al decir que la medida propuesta era un asunto del “Gobierno y del pueblo de Barbados”.
Según el corresponsal de la cadena BBC James Landale, el plan de Barbados de convertirse en una república adquiere una importancia política adicional en el contexto del movimiento antirracismo Black Lives Matter (La Vida de los Negros Importa, en español), que ha organizado protestas en ciudades de EE.UU. y el Reino Unido durante todo el verano (boreal).
Landale ha expresado, además, su preocupación respecto al hecho de que, si la destitución de la reina Isabel II como jefa de Estado se equipara a la “eliminación de una estatua de un comerciante de esclavos”, ello podría plantear “cuestiones difíciles” tanto para la familia real británica como para la Commonwealth.
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