La Cancillería boliviana reafirmó, mediante un comunicado, su compromiso con los principios de la Convención sobre el Genocidio, subrayando la obligación de prevenir, denunciar y combatir cualquier acto de genocidio.
El gobierno boliviano, también, manifestó su preocupación por la situación alarmante que atraviesa Palestina bajo la ocupación ilegal de Israel y destacó su solidaridad con la causa palestina.
Con esta acción, Bolivia se suma como el décimo país en respaldar la denuncia presentada ante la CIJ, tras Sudáfrica, Nicaragua, Colombia, Libia, México, Palestina, España, Turquía, Chile y Maldivas. La denuncia original fue interpuesta por Sudáfrica en diciembre, en respuesta a los crímenes de Israel en la Franja de Gaza.
La ministra de Relaciones Exteriores de Bolivia, Celinda Sosa Lunda, expresó su postura a través de su cuenta en la red social X (anteriormente Twitter), en la que aseguró que “seguiremos condenando, en todos los escenarios, la ocupación ilegal de Israel y la ejecución de miles de inocentes. Palestina Libre”.
El proceso se remonta a diciembre de 2023, cuando Sudáfrica llevó la denuncia ante la CIJ, acusando a Israel de incumplir sus obligaciones bajo la Convención sobre el Genocidio en sus operaciones en Gaza.
En respuesta, la CIJ ya ha emitido “medidas provisionales” contra Israel en dos ocasiones. En enero, dictaminó que Israel debía garantizar el suministro de ayuda humanitaria y evitar bajas civiles. En marzo, reiteró su llamado ante el agravamiento de la crisis humanitaria en Gaza, según informes de la ONU.
El 12 de febrero, Sudáfrica presentó una petición urgente ante la CIJ tras la ofensiva israelí en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza. El 24 de mayo, los jueces de la CIJ ordenaron a Tel Aviv detener su ofensiva militar contra Rafah, pero Israel ha desoído las resoluciones y continuado con bombardeos que han dejado más de 42 000 civiles palestinos muertos.
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