En una entrevista telefónica concedida a la emisora Radio Fides, divulgada el sábado, Luis Fernando Humérez, identificado como testigo clave del caso de corrupción relacionado con la adquisición de respiradores a una empresa española por parte de las autoridades bolivianas, reveló que se preparó su declaración para “salvar” a Áñez de la denuncia.
“Me dicen: Señor Humérez hay malas noticias, el Ministerio de Gobierno le ha dado una orden a los fiscales para que cambien su detención domiciliaria por una detención preventiva, el problema es que el fiscal de distrito Marco Cossio […] está muy preocupado de salvarle […] a la presidenta Jeanine Áñez, porque ella sí está implicada hasta el cuello”, explicó el testigo.
En cambio, prosiguió, todo apuntaba a implicar al partido Movimiento al Socialismo (MAS) y a altos cargos del Ministerio de Salud durante el Gobierno del expresidente boliviano Evo Morales (2006-2019).
Para lograr tal objetivo, Humérez señaló que fue secuestrado en Cochabamba (centro de Bolivia) y obligado, bajo amenazas contra sus familiares, a implicar al MAS, a Fernando Valenzuela, exdirector jurídico del Ministerio de Salud, y a Walter Zuleta, abogado de la expareja de Morales.
“El 20 de mayo a mí me secuestran, me llevan a la FELCC [Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen] de Cochabamba […]. Se acercó un policía de civil, me dio los nombres completos de mis niñas que tienen ocho años […] y también algunos datos precisos de mis hermanos, de mi padre y me dice: a buen entendedor pocas palabras, si no vas a declarar en el tema respiradores tu familia va a sufrir las consecuencias”, detalló.
La compra de 170 respiradores realizada por el gobierno de facto a la empresa española GPA Innova para los pacientes del nuevo coronavirus, causante de la COVID-19, está siendo investigada por la Fiscalía boliviana. De hecho, fueron importados por Bolivia a un costo de 28 080 dólares por unidad, cuando en realidad el precio ofrecido fue 7234 dólares.
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