No obstante, los manifestantes fueron suprimidos violentamente por las fuerzas de seguridad de Bahréin, respaldadas por efectivos de Arabia Saudí y de los Emiratos Árabes Unidos (EAU).
Las marchas dejaron al menos 35 muertos y 5400 heridos, y desde entonces las autoridades han arrestado a muchos activistas políticos, les han encarcelado y torturado, entre ellos el prominente sheij chií Isa Ahmad Qasem.
Pese a tantas represiones, los bahreiníes aún siguen insistiendo en sus reclamos y marchas prodemocracia para liberar a los presos políticos y aprobar una nueva Carta Magna. Mientras, ciertas organizaciones internacionales han acusado al régimen de Al Jalifa de involucrarse en casos de violación de los derechos humanos.
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