El fiscal Diego Luciani pidió el lunes ante el Segundo Tribunal Oral Federal (TOF) una condena de 12 años de cárcel y la inhabilitación permanente en el desempeño de cargos públicos para Cristina Fernández, en el juicio que enfrenta desde mayo de 2019 por presuntos hechos de asociación ilícita y administración fraudulenta de fondos públicos.
La vicepresidenta, junto a una docena de personas, es acusada de irregularidades en la adjudicación de 51 obra pública entre el 2003 y el 2015 en la provincia de Santa Cruz (sur), para favorecer al empresario Lázaro Báez, contra quien también pidieron los fiscales 12 años de cárcel y el embargo de sus bienes.
El Ministerio Público de Argentina estima en 5231 millones de pesos (más de 39 millones de euros) la cantidad defrauda por una red que salpica también al difunto esposo de la vicepresidenta, el expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), y a exfuncionarios kirchneristas como el exministro de Planificación Julio de Vido.
“Su condición de presidenta de la nación en el momento de los hechos hace que haya defraudado al Estado y a sus votantes”, adujo el fiscal, al tiempo que criticó a CFK de haber interpuesto el interés personal sobre el interés público.
El Gobierno Nacional condena la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (@CFKArgentina) que quedó expresada hoy, una vez más, en el alegato final y pedido de pena en la denominada Causa Vialidad.https://t.co/FIRREQ0BVa pic.twitter.com/4BiWLcNiYI
— Casa Rosada (@CasaRosada) August 22, 2022
A su vez, la vicepresidenta argentina denunció en su cuenta de Twitter que se enfrenta “a un pelotón de fusilamiento mediático judicial” y no a un tribunal constitucional, ya que le han impedido ejercer su derecho a la defensa frente “a cuestiones que nunca figuraron en el acto de acusación”.
De hecho, Cristina Kirchner pidió una ampliación de su declaración indagatoria para el martes, al sostener que “en abierta violación del principio de defensa en juicio, (los fiscales) montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas” en el proceso. Pero esa posibilidad fue negada por el tribunal, quien consideró que sus abogados podrán extenderse en los alegatos de la defensa, a partir del 5 de septiembre; por tanto, CFK decidió que hará su defensa pública por las redes sociales.
Mediante un comunicado, el Gobierno de Argentina también condenó la persecución judicial y mediática contra la exmandataria y aseguró que hay un intento de poner la Justicia “al servicio de los poderes fácticos”.
“Ninguno de los actos atribuidos a la expresidenta ha sido probado y toda la acusación que se le carga se refiere únicamente a la función que ejercía en ese período, lo cual degrada lastimosamente los más elementales principios del Derecho Penal moderno”, se lee en el texto.
La Casa Rosada reiteró su adhesión al principio constitucional de inocencia y “a la plena vigencia del funcionamiento democrático de la justicia, el derecho de defensa y la igualdad ante la ley” y afirmó que seguirá bregando por una reforma judicial que garantice estos valores para todos los argentinos.
nkh/ncl/mkh
