“Hoy introdujimos ante la Sala Constitucional del TSJ, un recurso de interpretación de los artículos 31 y 32 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo”, indicó el lunes el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab.
Saab explicó que la idea es establecer la responsabilidad de las personas jurídicas y de sanciones previstas en el ordenamiento jurídico venezolano.
De acuerdo con Saab, no existen precedentes en la historia de Venezuela de una organización política que, ante su imposibilidad de acceder al poder por la vía democrática de los votos, migre hacia la violencia terrorista y luego se alíe con una potencia extranjera para bloquear al país. Por ello, ha descrito a Voluntad Popular de una “trama neonazi”.
El fiscal hizo un repaso de los hechos por los que, en su opinión, Voluntad Popular podría ser considerado una organización terrorista, por su relación con el golpe de Estado contra el Gobierno del difunto presidente Hugo Chávez en 2002 hasta la autoproclamación del líder opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y la llamada ‘Operación Gedeón’ realizado el pasado 3 de mayo.
Guaidó se autoproclamó en enero de 2019 como “presidente encargado” de Venezuela y de inmediato fue reconocido por Washington, que empezó a endurecer su campaña de presión contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro para deponerlo.
El pasado 3 de mayo, más o menos año después de la intentona golpista, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) frustró una invasión marítima perpetrada por un grupo de “mercenarios terroristas” desde Colombia. La banda intentó ingresar a territorio venezolano a bordo de dos lanchas a través de la costa de La Guaira, la zona marítima más cercana a Caracas, capital de Venezuela.
Las pruebas implican a EE.UU. y Colombia en el fallido operativo, que define como un nuevo intento de Guaidó, para derrocar a Maduro por la vía militar, para lo cual habría firmado un contrato de 212 millones de dólares con la empresa estadounidense Silvercorp.
Según Maduro, la iniciativa fue lanzada por orden directa del presidente estadounidense, Donald Trump, por lo que el Gobierno de Caracas asegura que llevará el caso ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya (Países Bajos).
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